También estaban citados la propia Cristina Álvarez, actual asesora de Moncloa, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, igualmente investigados en la pieza separada. Ninguno de ellos se presentó y, al igual que Gómez, delegaron en sus representantes legales
Investigacion Judicial28 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
La investigación judicial que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado en torno al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa vivió ayer un nuevo episodio de tensión procesal y política. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, estaba citada para comparecer en el juzgado con el fin de que se le informara de que, en caso de llegar a juicio por malversación, el procedimiento se desarrollaría ante un jurado popular. Sin embargo, Gómez no acudió en persona: en su lugar compareció únicamente su abogado, Antonio Camacho.
No fue la única ausencia. También estaban citados la propia Cristina Álvarez, actual asesora de Moncloa, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, igualmente investigados en la pieza separada. Ninguno de ellos se presentó y, al igual que Gómez, delegaron en sus representantes legales.
La defensa sostiene que su presencia no era obligatoria
Las defensas de los investigados justificaron la ausencia alegando que, en este trámite procesal, la presencia física del imputado no es indispensable. Se apoyaron en una circular de la Fiscalía que establece que basta con la comparecencia de los letrados, ya que no se practican diligencias de instrucción ni se recoge declaración en ese momento.
El acto procesal se celebró igualmente con la asistencia de los abogados de todas las partes, incluidas las acusaciones populares, la Fiscalía y las defensas.
Petición de archivo frente a solicitud de nuevas diligencias
Durante la comparecencia, la Fiscalía se alineó con la defensa de Begoña Gómez y pidió al juez el sobreseimiento de la causa, al considerar que no existen indicios sólidos que justifiquen la continuación de la investigación. En el mismo sentido se pronunció el equipo jurídico de Gómez, reclamando que se archive definitivamente la pieza de malversación.
En contraste, las acusaciones populares insistieron en ampliar las diligencias y solicitaron al magistrado que cite a declarar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Un posible juicio con jurado popular
La comparecencia tenía como objetivo central comunicar a los investigados que, de prosperar la acusación por malversación, el procedimiento judicial se desarrollará mediante jurado popular, en aplicación de la Ley del Jurado. Se trata de un modelo de enjuiciamiento que se reserva en España a determinados delitos, entre ellos la malversación, y que implica que doce ciudadanos elegidos por sorteo decidan sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
El anuncio de que esta vía procesal podría aplicarse a la esposa del presidente del Gobierno otorga a la causa un carácter excepcional, con implicaciones jurídicas y mediáticas de gran alcance.
Escenarios abiertos
En este momento se abren varios escenarios posibles:
Archivo de la causa. Si el juez acepta la petición de la Fiscalía y de la defensa, la investigación se cerraría sin que el caso llegue a juicio.
Continuación de la instrucción. Si el magistrado desestima la petición de archivo, podrían acordarse nuevas diligencias, incluidas declaraciones de testigos de relevancia institucional.
Juicio con jurado popular. En caso de que se estime que existen indicios suficientes, se abriría la vía para un enjuiciamiento público con participación de un jurado, un procedimiento poco frecuente en casos con tanta repercusión política.
Un proceso con fuerte impacto político
El caso trasciende el ámbito judicial y se ha convertido en un asunto de primer orden en la agenda política. La posibilidad de que el presidente del Gobierno y uno de sus ministros comparezcan como testigos, sumado a la exposición pública que implica un jurado popular, aumenta la presión sobre el Ejecutivo.
Mientras tanto, la defensa de Gómez mantiene que las actuaciones impulsadas por el juez carecen de base jurídica y ha recurrido varias de ellas, incluidas las relativas a la investigación de correos electrónicos antiguos de la esposa del presidente.
La ausencia de los investigados en la citación no ha detenido el curso de la causa, que sigue abierta a distintas resoluciones en los próximos días. El juez Peinado deberá decidir si archiva la investigación, si la prolonga con nuevas diligencias o si allana el camino hacia un juicio con jurado. Sea cual sea el desenlace, el proceso se perfila como uno de los más sensibles y mediáticos de los últimos años en España.
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