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Este lunes se presenta en Madrid una plataforma inédita en España que pretende dar un giro al debate sobre el sistema tributario y la relación de los ciudadanos con la Agencia Tributaria. Bajo el nombre de Movimiento Contribuyentes en Acción, la organización surge con la misión de defender los derechos de los contribuyentes y exigir mayor igualdad, sencillez y transparencia en la gestión de los impuestos.
Una iniciativa que responde al malestar social
Su presidente, Ignacio Basco, asegura que el proyecto nace de un sentimiento generalizado de impotencia frente a Hacienda. Trabajadores, autónomos y empresarios comparten la percepción de estar sometidos a una presión desproporcionada y a una normativa casi ininteligible.
Basco relata el caso de un contribuyente que recibió una sanción de 12.000 euros sin apenas comprender el motivo. La única salida fue recurrir a un conocido con experiencia jurídica, lo que evidencia —afirma— que en España “parece necesario tener un máster en tributación para poder cumplir con las obligaciones fiscales”. La organización insiste en que la complejidad normativa se ha convertido en un obstáculo cotidiano y en que la relación con Hacienda debería basarse en la claridad, no en la intimidación.
Una fiscalidad que no trata a todos por igual
La crítica de Basco se centra en la falta de uniformidad de criterios. Señala que determinados perfiles reciben un trato distinto en comparación con la mayoría de ciudadanos, lo que mina la confianza en la administración tributaria. “El problema es transversal —subraya— y lo perciben tanto familias como empresas de todo tipo. Algunos pueden permitirse bufetes especializados para defenderse; otros, en cambio, quedan a merced de un sistema que consideran injusto”.
El malestar se refleja también en los tribunales: más del 60% de las reclamaciones contra Hacienda acaban siendo aceptadas por la justicia, un dato que, según Basco, confirma que algo no está funcionando en la aplicación de la ley.
Mirando a Europa: modelos más transparentes
La organización recuerda que en otros países europeos la relación entre administración y contribuyentes es radicalmente distinta.
En Portugal, ante un problema fiscal, lo primero que hace la Hacienda lusa es contactar con el ciudadano antes de imponer una sanción.
En Estonia, el sistema está totalmente digitalizado y permite gestionar los impuestos con rapidez y sin interpretaciones confusas.
España, en cambio, continúa apostando por liquidaciones inmediatas y procedimientos sancionadores que obligan al contribuyente a defenderse a posteriori.
Una ley que no se cumple
En España existe una ley de garantías del contribuyente que, en teoría, protege a los ciudadanos frente a abusos administrativos. Sin embargo, según Basco, dicha norma se aplica de forma parcial o insuficiente. Por eso, el movimiento reclama que se haga efectiva y que se establezcan algoritmos claros y auditables, capaces de garantizar que todos reciben un tratamiento idéntico ante situaciones similares.
El debate sobre la recaudación
La plataforma está preparando un informe que analizará cómo, una vez recaudados los impuestos principales como el IRPF, Hacienda continúa incrementando los ingresos a través de liquidaciones complementarias, sanciones y multas. Aunque no ofrece aún cifras exactas, Basco advierte de que los resultados podrían ser alarmantes y reflejar un patrón de recaudación excesivo.
“No hablamos de defender a defraudadores —aclara—. El fraude fiscal debe ser combatido con firmeza. Lo que pedimos es que los procedimientos sean justos, transparentes e iguales para todos los españoles”.
La polémica de los bonus a inspectores
Otro punto que genera inquietud es el sistema de incentivos económicos para los inspectores de Hacienda. Actualmente, parte de su retribución depende del número de procesos que abran y de las sanciones resultantes. Para Basco, esto supone un conflicto de interés:
“Un funcionario de alto nivel merece un salario digno y estable, pero no puede depender de cuántas multas imponga. Es necesario reestructurar ese modelo, porque no debería medirse su mérito únicamente por la presión recaudatoria”.
El desafío territorial: Cataluña y el principio de caja común
Respecto a la posibilidad de crear una Agencia Tributaria en Cataluña, el presidente de la nueva plataforma advierte de que supondría romper aún más el principio de caja común que ya se encuentra debilitado por los regímenes forales del País Vasco y Navarra. A su juicio, otorgar competencias fiscales plenas a una comunidad autónoma aumentaría la desigualdad territorial, complicaría la vida de ciudadanos y empresas y se alejaría de la idea de mercado único europeo.
Un movimiento con vocación de cambio
El nacimiento de Movimiento Contribuyentes en Acción busca abrir un debate en la sociedad española sobre la necesidad de simplificar la normativa, hacer efectivos los derechos del contribuyente y garantizar la igualdad de trato frente a Hacienda.
La plataforma insiste en que los ciudadanos no rechazan pagar impuestos. Al contrario, la mayoría quiere cumplir con sus obligaciones, pero exige que el sistema sea claro, racional y transparente. “El problema no es político ni ideológico”, concluye Basco. “La cuestión es que la relación con Hacienda debe ser natural y justa, no una lucha constante contra un gigante administrativo”.
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