Un inmigrante subsahariano lanzó a un niño de 5 años por la borda para aligerar el peso de un cayuco que llegó a Canarias

Un inmigrante lanzó a un niño de 5 años por la borda en plena travesía hacia Islas Canarias para aligerar el peso del cayuco, pero no puede ser arrestado. Aunque está identificado, el crimen ocurrió en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción española. La Fiscalía conoce su identidad, pero una laguna legal impide actuar, permitiéndole moverse libremente por Canarias, España o la UE.

Este caso fue relatado por Teseida García, fiscal delegada de Trata de Personas y Extranjería en Canarias, a eurodiputados que visitaron El Hierro del 26 al 28 de mayo. La misión buscaba conocer la realidad de los inmigrantes en las costas españolas. García destacó la gravedad de los delitos en alta mar, como este asesinato cruel, y las dificultades legales para procesar a los responsables.

Durante la reunión, la fiscal señaló que identificar a los culpables de delitos como asesinatos o violaciones grupales en alta mar es un proceso muy complejo. Explicó que la obtención de pruebas y la cooperación internacional son obstáculos constantes. Además, las penas cortas, de 6 meses a un año, limitan las medidas de investigación aplicables.

Los eurodiputados se reunieron con autoridades locales, regionales y nacionales, así como con Frontex y la Agencia de Asilo de la UE. Visitaron el desembarco en La Restinga, el CATE de San Andrés y el centro de menores no acompañados en Valverde, gestionado por la ONG Quorum Social 77. Su objetivo era evaluar la situación migratoria en la zona.

En cuanto a los crímenes en alta mar, se destacó el limitado papel de Frontex, con 90 efectivos en Canarias, pero ausentes en El Hierro. La agencia solo apoya la gestión migratoria dentro de España, sin intervenir en el tráfico de personas. Esto limita la capacidad de respuesta ante delitos cometidos durante las travesías.

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El informe de Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión LIBE, indica que Frontex podría aportar imágenes específicas de buques sospechosos o identificar patrones de embarcaciones ilegales. Sin embargo, la vigilancia en tiempo real solo se realiza en Gibraltar, no en Canarias, aunque se prevé un mando para 2026.

Otro problema detectado es la determinación de la edad de inmigrantes. Algunos adultos se declaran menores y viceversa, complicando los procesos. La Fiscalía admitió que verificar la edad o los criterios de persecución alegada es un trámite lento y difícil, lo que genera tensiones en la gestión migratoria.

El Centro de Acogida de Menores en Valverde, con capacidad para 200, alcanzó un 200% de ocupación en septiembre de 2024. Para aliviar la presión, los menores son trasladados a Tenerife o Gran Canaria en plazos de 6 meses a un año, mientras los adultos solo permanecen 72 horas en la isla antes de ser reubicados.

«Los menores no acompañados representan actualmente uno de los desafíos más urgentes en las islas. Se estima que hay alrededor de 5.000 menores no acompañados en todas las Islas Canarias, con aproximadamente 300 en El Hierro. Las Islas Canarias acogen al 65% de todos los menores no acompañados en España», subraya el informe de la misión europea.

La misión concluyó que la vulnerabilidad estructural de El Hierro, con recursos limitados en sanidad y educación, agrava el impacto de la presión migratoria. Las autoridades locales critican la falta de apoyo nacional, y los eurodiputados señalan la necesidad de mayor compromiso político a nivel europeo.

En La Restinga, la misión visitó el lugar de desembarco y el centro de acogida. Las unidades SAR cubren hasta 300 millas náuticas. En 2023, se evitó el 40% de salidas gracias a la cooperación internacional con países de origen. Las travesías duran de 2 a 8 días, dependiendo del punto de partida.

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Tras el desembarco, los inmigrantes pasan por controles de seguridad estrictos, se confiscan armas y se revisan antecedentes. Luego, reciben atención médica para detectar deshidratación o traumas, además de comida y mantas. La Cruz Roja usa pulseras de colores para clasificar necesidades, sin valor legal.

Además, se identifican idioma, nacionalidad y nombres de los inmigrantes. Una vez estabilizados, son trasladados al CATE en pocas horas. La Policía Nacional recopila datos, revisa documentación y realiza una identificación preliminar de pasajeros y posibles traficantes de personas en la zona.

Los CATE operan como centros de detención temporal, garantizando derechos básicos. La custodia policial dura hasta 72 horas para expulsiones, si no hay solicitud de protección. Los traslados a CIE permiten más tiempo para identificación, pero los retornos efectivos son escasos, liberando a muchos.

«Los menores no acompañados representan uno de los desafíos más urgentes en Canarias, que acoge al 65% de toda España», reitera el informe. Esto refleja la crisis migratoria en la región.

En 2024, de 61.323 llegadas por mar a España, 46.843 fueron a Canarias, con 26.000 en El Hierro. Esto convirtió a la isla en el punto más presionado de la UE en 2024 y 2025. La misión LIBE priorizó este destino por el aumento de la ruta atlántica y sus desafíos.

Las autoridades españolas destacaron que España ya no es solo un país de tránsito migratorio, sino de destino, por las oportunidades laborales. La colaboración con Mauritania redujo flujos, y se busca replicar esto con Senegal y Gambia para controlar la ruta atlántica de manera efectiva.

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