El “riesgo de destrucción de pruebas” al que alude el auto de prisión se debió a los movimientos detectados por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante la investigación llevada a cabo contra el que fuera número tres de Ferraz
Corrupción06 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
El 30 de junio marcó un punto de inflexión para el Partido Socialista. Ese lunes, el juez Leopoldo Puente ordenaba el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, atendiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que había reclamado la medida por considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas. El auto judicial fue contundente: los investigadores detectaron movimientos que apuntaban a la posible manipulación o eliminación de documentación relevante.
La decisión contrastó con el precedente de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, que meses antes había evitado la cárcel en una causa similar. La diferencia, según fuentes próximas a la investigación, radicó en el comportamiento del propio Cerdán, a quien los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) atribuyeron intentos de alterar o suprimir pruebas en el marco de una presunta trama de adjudicaciones irregulares. Esa supuesta acción de obstrucción fue determinante para que el juez impusiera prisión preventiva.
¿Por qué está Cerdán en prisión y Ábalos no?
La respuesta está en que los investigadores detectaron que el ex secretario de Organización de los socialistas había intentado destruir documentación que le comprometía, según han confirmado fuentes próximas al caso.
Cerdán llevaba meses en alerta desde que saltase el caso de Ábalos y Koldo García, pese a que hasta el último minuto negase en público cualquier vinculación con quienes aparece hablando de adjudicaciones en las conversaciones incautadas por la UCO.
El “riesgo de destrucción de pruebas” al que alude el auto de prisión se debió a los movimientos detectados por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante la investigación llevada a cabo contra el que fuera número tres de Ferraz hasta el pasado mes de junio.
Asimismo, cabe recordar que, como desveló este periódico, los investigadores colocaron desde un primer momento a Cerdán como “pieza clave” en la presunta trama de corrupción que investiga el cobro de comisiones por parte de los dos últimos secretarios de Organización de Pedro Sánchez y que podría derivar en un caso de financiación irregular del PSOE.
De la organización a la sospecha
Santos Cerdán no era un dirigente más: había sido uno de los pilares del aparato orgánico del PSOE, el encargado de articular alianzas, gestionar recursos y garantizar la disciplina interna del partido. Su caída, por tanto, no solo tiene consecuencias judiciales, sino también políticas y simbólicas. Representa la caída de un perfil que durante años fue considerado el guardián de la estructura que apuntaló el liderazgo de Pedro Sánchez.
El abogado del exdirigente socialista presentó sucesivos recursos solicitando su liberación, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional, que hace pocos días rechazó su petición al no apreciar vulneración de derechos fundamentales. En su escrito, la defensa argumentaba que la prisión se había impuesto sin fundamento suficiente y que se había dado un trato desigual respecto a Ábalos y a Koldo García, exasesor ministerial también investigado. Pero el tribunal fue claro: la medida respondía al riesgo de destrucción de pruebas detectado durante la investigación.
La investigación que sacudió a Ferraz
Desde que estalló el llamado caso Ábalos-Koldo, las alarmas sonaban en la sede de Ferraz. Los informes de la UCO comenzaron a señalar conexiones entre distintos niveles de la estructura socialista, y situaron a Cerdán como una pieza clave dentro de la supuesta red que habría gestionado adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
Los agentes detallaron que, tras conocerse la implicación de Ábalos y su entorno, Cerdán habría realizado movimientos anómalos relacionados con la gestión de documentos. Estos hechos, según fuentes judiciales, reforzaron la percepción de que existía una estrategia para dificultar el trabajo de los investigadores.
En paralelo, los informes incorporaron referencias a presuntas entregas de dinero en efectivo vinculadas a la formación política. Los investigadores mencionaron incluso la existencia de sobres con el logotipo del PSOE, hallados en fotografías, y conversaciones en las que la esposa de Koldo García decía:
“Ya tengo el sobre de Ferraz”. Aunque el partido justificó que los pagos a Ábalos correspondían a liquidaciones de gastos —unos 19.600 euros en total entre 2017 y 2021—, los agentes destacaron inconsistencias entre los datos oficiales y las cifras mencionadas por los implicados.
El PSOE insiste en negar cualquier irregularidad, pero los informes de la UCO apuntan a que no siempre se ha podido confirmar la correspondencia entre los pagos declarados y las cantidades reales. Este desfase alimenta la sospecha de que podría existir una red más amplia de prácticas opacas en la financiación interna del partido.
Un partido en silencio
Mientras la investigación continúa, el PSOE ha optado por la cautela. La dirección nacional ha evitado declaraciones públicas sobre el caso y ha reiterado su confianza en la justicia. No obstante, la sensación dentro del partido es de inquietud. Fuentes socialistas reconocen que el daño reputacional es profundo y que, tras el episodio de Cerdán, ya nadie se atreve a poner la mano en el fuego por nadie.
Las miradas también se dirigen hacia otros dirigentes, como Ángel Víctor Torres, actual ministro, o Francina Armengol, presidenta del Congreso, ambos mencionados en informes preliminares sobre contratos de mascarillas durante la pandemia. Tanto Torres como Armengol han negado cualquier irregularidad y han dado explicaciones ante los órganos del partido, pero el contexto general ha dejado al PSOE en una posición incómoda: cada nuevo informe de la UCO reaviva la sospecha y erosiona la credibilidad del discurso de regeneración.
Pedro Sánchez y el precio del poder cerrado
Pedro Sánchez ha gobernado rodeado de un círculo reducido de confianza. La concentración de poder en torno a figuras como Ábalos o Cerdán fue una seña de identidad del sanchismo: fidelidad interna, control orgánico y disciplina en la comunicación. Esa estructura, que durante años garantizó estabilidad, hoy se vuelve en su contra.
La prisión preventiva de Cerdán expone la debilidad de un modelo basado en la lealtad personal más que en la transparencia institucional. La dirección socialista se enfrenta al dilema de respaldar a los suyos o permitir que la justicia avance sin interferencias políticas. Por el momento, la estrategia parece ser la del silencio, esperando que el tiempo diluya el impacto mediático. Pero el silencio también tiene un coste: el desgaste de la confianza pública.
Instituciones, justicia y responsabilidad
Más allá del ruido político, el caso Cerdán pone de relieve un desafío institucional de fondo. El sistema de control interno de los partidos se muestra insuficiente ante situaciones en las que los intereses personales o de facción prevalecen sobre la transparencia. El PSOE, que ha reclamado regeneración y ejemplaridad durante años, se encuentra ahora obligado a aplicar esos mismos estándares en su propia casa.
El Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción deben seguir actuando con independencia, pero también con prudencia, garantizando que las medidas cautelares se justifiquen solo por criterios objetivos y no por presión mediática. En este caso, la prisión preventiva se basó en indicios claros de obstrucción, pero su impacto político trasciende con mucho el expediente judicial.
La credibilidad, un bien en extinción
El PSOE atraviesa una de sus pruebas más difíciles en la era Sánchez. La prisión de Santos Cerdán no solo afecta a un dirigente, sino que proyecta dudas sobre la cultura política de un partido que se había presentado como ejemplo de renovación.
La confianza ciudadana, una vez perdida, es difícil de recuperar. Para hacerlo, el PSOE no puede limitarse a negar irregularidades ni a escudarse en la presunción de inocencia. Necesita un gesto político claro: abrir sus cuentas, revisar sus procedimientos internos y asumir responsabilidades políticas antes de que lo hagan los tribunales.
La regeneración no se proclama: se demuestra. Y en este momento, la justicia y la opinión pública observan con atención si el PSOE de Pedro Sánchez está dispuesto a hacerlo.
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El informe sostiene que parte de esos fondos provenía de la trama de corrupción que cobró comisiones millonarias por contratos de mascarillas durante la pandemia
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