VOX presenta querellas contra figuras relevantes del Partido Socialista, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero

“Sabíamos que era un dirigente indigno e indeseable. Ahora veremos si también es, como siempre hemos pensado, un delincuente”

Politica07 de octubre de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
José Antonio Fúster

VOX ha anunciado la presentación de una serie de querellas contra destacados miembros del Partido Socialista, entre ellos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse nuevos documentos y testimonios que, según la formación, demostrarían que el exmandatario habría ordenado o consentido el conocido “chivatazo” a ETA en el Bar Faisán durante el proceso de negociación con la banda terrorista.

Las nuevas acusaciones
Según VOX, los nuevos elementos de prueba que han salido a la luz confirmarían que desde el propio Gobierno socialista, y bajo la dirección política de Zapatero, se dio la orden de advertir a miembros del entorno de ETA para evitar su detención en 2006, en pleno proceso de diálogo con la organización terrorista.

El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, afirmó que se trata de “pruebas evidentes” que apuntan a un intento deliberado de frenar una operación policial ya planificada contra la red de extorsión de la banda. Fúster explicó que el partido ha iniciado los trámites para formalizar una querella por varios delitos, entre ellos colaboración con organización terrorista, revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

VOX sostiene que la supuesta actuación del Ejecutivo socialista en aquel momento no solo habría obstaculizado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que también habría vulnerado los principios básicos del Estado de Derecho.

El contexto histórico del “Caso Faisán”
El “Caso Faisán” fue uno de los episodios más polémicos en la lucha contra ETA. En mayo de 2006, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil tenía previsto detener a varios responsables de la red de extorsión de la organización. Sin embargo, un aviso previo —el “chivatazo”— frustró parte del operativo.

Años después, la investigación judicial concluyó con condenas para dos altos mandos policiales, aunque nunca se demostró judicialmente que existiera una orden política detrás de la filtración. No obstante, el caso siempre estuvo rodeado de sospechas y de interpretaciones políticas enfrentadas.

Durante el mandato de Zapatero, el Gobierno mantuvo contactos con la organización terrorista en un intento de alcanzar el fin definitivo de la violencia. ETA declaró un alto el fuego en 2006, pero el proceso se quebró tras el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de ese mismo año, que dejó dos víctimas mortales.

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Una ofensiva judicial y política
VOX ya había intentado llevar a los tribunales a Rodríguez Zapatero en 2019, al presentar una querella basada en las actas de negociación entre el Gobierno y ETA, donde el partido alegaba que se había incurrido en varios delitos relacionados con la colaboración con el terrorismo. Aquella querella fue inadmitida por la justicia por falta de indicios suficientes.

Esta vez, la formación asegura disponer de documentación y testimonios inéditos que reforzarían su acusación. El partido ha anunciado que extenderá las querellas a otros cargos socialistas que, según sus informaciones, participaron o tuvieron conocimiento de los hechos.

Desde VOX se ha señalado que el objetivo no es solo “depurar responsabilidades penales”, sino también “restablecer la verdad histórica” sobre uno de los episodios más controvertidos de la lucha antiterrorista reciente.

El papel de Zapatero y la reacción política
Las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero han generado un nuevo terremoto político. Fuentes del entorno socialista califican la iniciativa de VOX como un intento de “reabrir heridas del pasado” y de “utilizar el dolor de las víctimas con fines partidistas”.

Por su parte, dirigentes del PSOE sostienen que todas las actuaciones de aquel periodo fueron “legales y legítimas”, orientadas al fin del terrorismo y bajo la supervisión judicial. Subrayan, además, que la justicia ya resolvió el caso Faisán y que las insinuaciones de implicación directa del expresidente “carecen de base probatoria”.

En el otro extremo, VOX insiste en que el “pacto de silencio” entre partidos tradicionales ha impedido durante años que se esclarezca la verdad completa. “Sabíamos que era un dirigente indigno e indeseable. Ahora veremos si también es, como siempre hemos pensado, un delincuente”, declaró el portavoz Fúster en referencia a Zapatero.

Qué puede ocurrir ahora
Si las querellas son admitidas a trámite, los tribunales deberán evaluar la consistencia de las pruebas aportadas. El procedimiento podría derivar en una investigación judicial que, en caso de prosperar, implicaría la citación de antiguos responsables políticos, altos mandos policiales y otros testigos del proceso de negociación con ETA.

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No obstante, juristas consultados advierten de que las posibilidades de que una querella de este tipo prospere son limitadas, dada la complejidad probatoria y la existencia de resoluciones judiciales previas sobre los mismos hechos. Además, los posibles delitos imputables podrían estar prescritos, al haber transcurrido casi dos décadas desde los acontecimientos.

Una herida que no cicatriza
El caso Faisán continúa siendo una herida abierta en la memoria política de España. Para una parte de la sociedad, representa un símbolo de las supuestas concesiones que los gobiernos realizaron en busca de la paz con ETA. Para otros, fue un episodio aislado dentro de un contexto histórico de enorme complejidad y riesgo, donde el objetivo primordial era poner fin a la violencia terrorista que durante décadas azotó al país.

Las nuevas querellas reavivan así un debate que parecía superado, enfrentando de nuevo las visiones sobre la gestión del fin de ETA, el papel de los gobiernos y los límites de la negociación política en contextos de terrorismo.

Mientras tanto, VOX promete llegar “hasta el final” en su ofensiva judicial, convencido de que “la verdad y la justicia deben prevalecer sobre los pactos de silencio”. El PSOE, por su parte, se prepara para una nueva batalla política en torno a un pasado que sigue proyectando su sombra sobre el presente.

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