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El Ejecutivo ha decidido dar un paso más en su agenda política y ha iniciado los trámites para reformar la Constitución Española con el objetivo de incluir en ella una referencia explícita al derecho al aborto. La maniobra, pactada entre el PSOE y Sumar, se presenta como una “actualización necesaria” del marco constitucional, pero el modo en que se ha puesto en marcha —sin consenso amplio y recurriendo a un procedimiento acelerado— ha despertado críticas por lo que muchos consideran un uso oportunista de las reglas del juego constitucional.
Una reforma “ordinaria” para un asunto extraordinario
El Gobierno pretende ampararse en el artículo 167 de la Constitución, que establece el procedimiento de reforma ordinaria. Este mecanismo, pensado para cambios no estructurales, requiere el apoyo de tres quintos de ambas Cámaras y evita la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, algo que sí exige el artículo 168, reservado para las reformas de mayor calado.
La Moncloa sostiene que esta vía es la adecuada porque ya fue utilizada en las dos últimas modificaciones constitucionales: la de 2011, que introdujo el principio de estabilidad presupuestaria y la prioridad del pago de la deuda, y la de 2024, que actualizó el artículo 49 para eliminar la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. Sin embargo, la comparación es engañosa.
Aquellas reformas, aunque relevantes, se llevaron a cabo con un consenso transversal entre los dos grandes partidos, algo que hoy parece imposible. En esta ocasión, el Gobierno ha optado por iniciar un proceso sin contar con el principal partido de la oposición, el PP, que ya ha anunciado su rechazo.
Estrategia política más que convicción constitucional
La iniciativa, más que una reforma constitucional en sentido estricto, parece una declaración política en vísperas de un ciclo electoral incierto. Blindar el aborto en la Carta Magna tiene una fuerte carga simbólica y pretende afianzar el discurso del Ejecutivo en materia de derechos sociales, pero hacerlo por la vía del artículo 167 sin un consenso amplio plantea dudas sobre la legitimidad y la estabilidad futura de la medida.
Modificar la Constitución exige algo más que una mayoría coyuntural: requiere un espíritu de pacto, de respeto institucional y de sentido de Estado. La Constitución de 1978 fue fruto de un acuerdo político excepcional; fragmentarla en reformas parciales y de carácter partidista puede erosionar su función como marco común.
El riesgo del precedente
Si el Gobierno logra llevar a cabo la reforma sin el apoyo de la oposición, sentará un precedente peligroso: el de utilizar el procedimiento de reforma ordinaria para introducir cuestiones de gran calado social o ideológico, sin un consenso mínimo. Mañana, otro Gobierno podría hacer lo mismo en sentido contrario, modificando derechos o principios según su conveniencia política.
La Constitución no puede convertirse en un campo de batalla entre gobiernos y oposiciones. Su fuerza reside precisamente en su estabilidad, en su capacidad de ofrecer seguridad jurídica y política más allá de los cambios de color en el Ejecutivo.
El derecho al aborto y su instrumentalización
El derecho al aborto está reconocido en la legislación española desde 1985 y consolidado tras las reformas de 2010 y 2023. No existe, por tanto, una amenaza inmediata que justifique una urgencia constitucional. El debate real no es jurídico, sino político. El Gobierno pretende elevar un derecho ya garantizado a rango constitucional sin una necesidad legal evidente, pero con un claro rédito electoral: marcar perfil ideológico y movilizar a su electorado más fiel.
Convertir una cuestión socialmente sensible en un instrumento de polarización es una estrategia arriesgada. En lugar de fortalecer el consenso en torno a los derechos de las mujeres, podría profundizar la división política y social, alimentando el enfrentamiento entre bloques.
El papel del Consejo de Estado y el futuro en las Cortes
Antes de llegar al Congreso, el texto deberá pasar por el Consejo de Estado, que emitirá un dictamen no vinculante. Después, el proyecto se someterá al examen de las Cortes, donde necesitará una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. Si se alcanza, el texto podría someterse a referéndum si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores en los quince días siguientes a su aprobación.
Con el actual equilibrio parlamentario, lograr ese umbral será complicado sin el apoyo del PP. Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno no busca tanto aprobar la reforma como colocar el debate en el centro del discurso político, presentándose como defensor de los derechos frente a una derecha a la que intentará retratar como retrógrada.
Un país que necesita consensos, no gestos
España no necesita una Constitución usada como herramienta de propaganda, sino un proyecto común capaz de integrar sensibilidades distintas. Reformar la Carta Magna puede ser legítimo, pero hacerlo por interés táctico y sin diálogo real debilita el pacto constitucional y transmite la sensación de que todo vale en la lucha partidista.
Blindar derechos fundamentales debería ser el resultado de un consenso nacional, no de una estrategia de comunicación. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, esta maniobra corre el riesgo de convertir la Constitución en un escenario más de la confrontación política.
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