La venta del inmueble de Malasaña por la expresidenta de ADIF y su hermana se encuentra bajo análisis minucioso, en un contexto judicial complejo que involucra delitos de corrupción y posibles irregularidades financieras
Corrupción20 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
La reciente venta de un inmueble en el céntrico barrio de Malasaña, en Madrid, por parte de la expresidenta de ADIF y su hermana, ha despertado la atención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación conocida como caso Koldo.
La propiedad, de 60 metros cuadrados, fue vendida el pasado julio, apenas dos meses después de que la antigua directiva fuera imputada por presunta malversación y tráfico de influencias.
El piso, ubicado en una de las zonas de mayor revalorización de la capital, se estima que actualmente podría alcanzar un valor cercano al medio millón de euros, tras registrar un incremento aproximado del 70 % desde su adquisición en 2005. La venta coincide con la apertura de nuevas diligencias judiciales que imputan a la expresidenta por delitos de organización criminal, cohecho y prevaricación, vinculados a presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.
La cuenta compartida bajo la lupa de la UCO
La UCO ha centrado su investigación en una cuenta bancaria que la expresidenta Pardo de Vera y su hermana mantienen en conjunto desde 2005. Según los registros, la cuenta fue abierta para la compra de la propiedad en Malasaña, adquirida con una hipoteca y un préstamo que ambas compartieron. Durante los años posteriores, el inmueble se mantuvo alquilado, generando ingresos de hasta 850 euros mensuales.
Las autoridades analizan si la venta se realizó sin autorización judicial, lo que podría constituir un delito de alzamiento de bienes, tipificado como insolvencia punible en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal, con penas de uno a cuatro años de prisión.
Versión de las hermanas
En respuesta a las investigaciones, la hermana de la expresidenta, Ana Pardo de Vera, ha explicado que, tras la venta, se liquidó la hipoteca y el dinero restante fue distribuido en cuentas individuales. Definió la cuenta compartida con su hermana como la “cuenta del terror”, en tono irónico, y aseguró que los fondos se manejaron de manera transparente, sugiriendo que la investigación podría no requerir mayores recursos.
Según su relato, la operación se realizó de manera habitual, sin intención de ocultar activos ni eludir procesos judiciales. No obstante, el contexto de las imputaciones y las fechas de la venta han generado inquietud entre los investigadores.
Implicaciones legales y contexto judicial
El caso Koldo investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública, en las que la expresidenta de ADIF y el exdirector general de Carreteras podrían haber actuado facilitando información o favoreciendo determinados contratistas.
La UCO ha solicitado información adicional a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras para rastrear la procedencia y destino de los fondos vinculados a las cuentas de la expresidenta, incluidas varias abiertas entre 2018 y 2021. Los investigadores consideran que los movimientos financieros de estas cuentas podrían ofrecer indicios sobre posibles contraprestaciones irregulares relacionadas con adjudicaciones públicas.
La coincidencia entre la venta de la propiedad y la apertura de nuevas imputaciones ha aumentado la atención de las autoridades sobre la operación inmobiliaria, que podría considerarse parte de un intento de proteger patrimonio antes de posibles sanciones judiciales.
La venta del inmueble de Malasaña por la expresidenta de ADIF y su hermana se encuentra bajo análisis minucioso, en un contexto judicial complejo que involucra delitos de corrupción y posibles irregularidades financieras. La investigación de la UCO se centra en determinar si existió intención de ocultar bienes o eludir responsabilidades, mientras se continúa evaluando el alcance de las imputaciones por amaños en adjudicaciones de obra pública.
Esta operación pone de relieve cómo las decisiones financieras de altos cargos pueden ser objeto de escrutinio cuando coinciden con investigaciones por delitos económicos, y subraya la relevancia de la transparencia y el control judicial en el manejo de patrimonio durante procesos judiciales en curso.
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