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Pedro Sánchez ha destinado casi dos millones de euros a la Comisión Islámica de España (CIE) en los últimos años, una entidad que ha desempeñado un papel clave en la implantación de menús halal en los colegios públicos de varias comunidades autónomas.
Según la información publicada en el Portal de Transparencia, el Ejecutivo socialista ha otorgado a la CIE subvenciones directas y convenios de colaboración con el argumento de “promover la libertad religiosa, la integración y la igualdad de trato”. Sin embargo, cada vez más voces denuncian que estas ayudas se están utilizando para expandir la influencia del islam político en las instituciones educativas.
En los últimos meses, la Comisión Islámica ha conseguido que numerosos centros escolares incorporen menús halal —es decir, elaborados según las normas religiosas musulmanas— en sus comedores, desplazando en algunos casos a los menús tradicionales y generando un debate sobre la laicidad del Estado.
“No se trata de integración, sino de imposición cultural”, denuncian asociaciones de padres, que reclaman igualdad de trato para las familias que no profesan ninguna religión y se quejan de que la Administración cede ante las exigencias de minorías organizadas.
Desde la Comisión Islámica de España, presidida por Aiman Adlbi, aseguran que su objetivo es “garantizar los derechos de los alumnos musulmanes” y niegan cualquier motivación política. Sin embargo, su labor de presión ante el Ministerio de Educación y varias consejerías autonómicas ha tenido resultados visibles: más de un centenar de colegios públicos ofrecen ya menús halal de manera permanente.
El dato de los 1,9 millones de euros en subvenciones ha generado indignación entre los partidos de la oposición, que acusan al Ejecutivo de “financiar con dinero público la expansión del islam institucionalizado”, mientras se recortan ayudas a familias, autónomos o asociaciones culturales.
“El Gobierno dice defender un Estado aconfesional, pero financia a una organización religiosa con dinero de todos los españoles”, han denunciado desde Vox, que ha solicitado explicaciones parlamentarias.
La Comisión Islámica de España, reconocida oficialmente por el Estado desde 1992, mantiene acuerdos con el Gobierno en materia educativa, penitenciaria y funeraria. No obstante, su creciente influencia ha reabierto el debate sobre los límites entre libertad religiosa y privilegio confesional.
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