Moncloa orquestó los gritos contra Mazón

El acto de homenaje a las víctimas de la DANA celebrado esta semana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, concebido como un momento de respeto y unidad, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica institucional.

 Varias familias de los fallecidos, encabezadas por la abogada Pilar Esquinas, han denunciado que la ceremonia estuvo «dirigida y controlada» desde instancias gubernamentales para moldear la percepción pública del evento y minimizar las críticas al presidente del Gobierno.

Un acto planificado al milímetro
Según la versión ofrecida por Esquinas, representante legal de una de las familias que perdió a tres miembros en la catástrofe, la disposición del público, la ubicación de las cámaras de televisión y la gestión del acceso estuvieron cuidadosamente planificadas. “Todo parecía diseñado para crear un ambiente de ruido controlado”, afirma.

De acuerdo con su relato, las asociaciones más cercanas a posiciones afines al Ejecutivo fueron situadas en la zona más visible, junto al dispositivo de retransmisión, mientras que otras familias tuvieron dificultades para acceder. “Colocaron a quienes iban a increpar al presidente valenciano justo al lado de las cámaras. El resultado fue que los abucheos a Sánchez se diluyeron, y el foco mediático se dirigió hacia Mazón”, sostiene la abogada.

Los incidentes durante el homenaje fueron visibles: gritos, confusión y abucheos rompieron la solemnidad del acto cuando el presidente del Gobierno tomó la palabra. Desde el entorno de las víctimas se insiste en que su intención era mantener un comportamiento respetuoso, aunque reconocen que las reacciones espontáneas del público terminaron desbordando la ceremonia.

El trasfondo político
La polémica llega en un contexto ya tenso entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. En las horas previas al homenaje, se modificó el protocolo inicial, que incluía un saludo de los Reyes y del presidente del Gobierno a varios familiares en una sala anexa. Finalmente, solo algunas asociaciones fueron convocadas a ese encuentro, lo que —según distintas fuentes— habría dejado fuera al presidente autonómico y provocado malestar en su entorno.

Para Esquinas, la planificación de la escaleta y la gestión del acceso formaban parte de una estrategia de comunicación “para reforzar un relato que responsabiliza exclusivamente al Gobierno valenciano de la tragedia”. Afirma que incluso “algunos medios habrían editado el audio de los abucheos para destacar las críticas a Mazón”.

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La historia de una familia que exige justicia
Entre las familias que acudieron al homenaje se encontraba la de Yolanda Garrido, que perdió a su hermano Jorge, a su cuñada Raquel y a su sobrino Neizan, de cuatro años, durante las lluvias torrenciales de octubre de 2024. Según relata su abogada, la familia llevaba semanas solicitando acreditaciones para asistir al acto y se encontraron con trabas de última hora.

“Nos comunicaron el mismo día que no podríamos entrar por motivos de seguridad”, explica Esquinas. “Solo cuando advertimos que presentaríamos una reclamación se nos envió la acreditación, minutos antes de que comenzara la ceremonia”. Finalmente, ocho de las doce personas previstas pudieron acceder al auditorio. “Había asientos vacíos, pero nos decían que el aforo estaba completo. Fue un caos absoluto”, lamenta.

Yolanda Garrido se ha convertido en una de las voces más visibles entre los familiares que reclaman responsabilidades. Según su entorno, mantiene una batalla legal para esclarecer por qué no se adoptaron medidas preventivas a tiempo, pese a que existían alertas meteorológicas. “El alcalde de Aldaia recibió un aviso a mediodía, pero los colegios no desalojaron a los niños. Si se hubiera actuado antes, quizás su familia estaría viva”, sostiene Esquinas.

La fractura entre las víctimas y las instituciones
Las familias representadas por la letrada aseguran sentirse marginadas por las administraciones. “Molesta que hablemos claro”, dice.

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“Pedimos respeto, verdad y justicia. No queremos ser parte de ningún relato político”. La abogada denuncia además que fue apartada del procedimiento judicial a principios de septiembre, decisión que ha recurrido por entender que deja a las familias en situación de indefensión.

“El retraso en las resoluciones y la exclusión de las víctimas son un ejemplo de inseguridad jurídica. Si se niega su participación, toda la instrucción podría ser anulada”, advierte.

El silencio institucional y las próximas explicaciones
Tras el incidente, se espera que el presidente valenciano comparezca en los próximos días para valorar lo ocurrido. En su entorno se mantiene la tesis de que el homenaje, que debía servir como cierre simbólico de la tragedia, se convirtió en un instrumento político ajeno al espíritu de conciliación con el que se había concebido.

Mientras tanto, las familias continúan su lucha por el reconocimiento y la verdad. “Ni los focos ni los helicópteros pueden tapar lo que pasó aquel día”, concluye Esquinas. “Queremos justicia, no espectáculo”.

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