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El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de consumo --identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución-- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.
En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATOS A DISTANCIA
El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.
Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor --dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente--, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
EXPEDIENTES A AGENCIAS INMOBILIARIAS
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país.
Bustinduy ha declarado que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", y ha subrayado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".
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