El caso mascarillas de Canarias también señala a Yolanda Díaz

Lo que comenzó como una trama de intermediación durante los meses más duros de la pandemia ha ido adquiriendo la forma de un complejo entramado político y administrativo que amenaza con salpicar a varios niveles del poder estatal. El conocido como caso de las mascarillas de Canarias —derivado del expediente central del caso Koldo— sigue sumando nombres y ramificaciones.

En los últimos días, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reabierto el debate sobre la posible implicación de diversos cargos del Gobierno en la compra y certificación de material sanitario durante 2020. Lo más relevante de este documento es la aparición del nombre de la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una conversación de WhatsApp mantenida entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador más estrecho, Koldo García.

Aunque hasta el momento no existe acusación judicial formal contra Díaz, su mención en ese contexto ha encendido las alarmas y alimenta las sospechas sobre cómo se gestionaron aquellas urgencias sanitarias que movieron millones de euros en contratos públicos.

 Las conversaciones que reavivan el caso
El informe de la UCO recoge fragmentos de intercambios entre Ábalos y Koldo García en los que se hace alusión a una “certificación de mascarillas” que debía emitirse desde Canarias. En uno de los mensajes, el entonces ministro asegura que “la ministra de Trabajo ha dicho que mañana estará la certificación de las mascarillas en Canarias”.

Este detalle, aparentemente menor, adquiere relevancia porque el organismo encargado de emitir dichas certificaciones dependía del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que Díaz dirigía en ese momento. Según la investigación, esa validación era fundamental para que la comunidad autónoma pudiera tramitar el pago de las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada a Víctor de Aldama, considerado intermediario clave en la trama.

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Los investigadores apuntan a que la rapidez con la que se gestionaron algunos de esos certificados pudo responder a presiones políticas o intereses externos. No se ha demostrado que existiera una orden directa de la ministra, pero la mención expresa de su nombre en las conversaciones refuerza la tesis de que la trama tenía tentáculos en distintos ministerios.

 El papel del Gobierno de Canarias y la red de intermediarios
En el centro del escándalo se encuentra el Gobierno de Canarias, que en plena crisis sanitaria aprobó la compra urgente de material a través de procedimientos excepcionales. Al frente del Ejecutivo autonómico estaba Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, cuya administración contrató con la empresa de Aldama una partida de mascarillas que posteriormente fue cuestionada por su calidad y sobrecoste.

La UCO señala que el empresario actuaba en connivencia con el círculo de Koldo García y que utilizaba su influencia para acelerar contratos o desbloquear pagos pendientes. El nuevo informe sugiere que Aldama habría invocado contactos en diferentes ministerios para reforzar su posición.

De confirmarse los mensajes y la existencia de mediaciones informales, el caso podría trascender de la mera corrupción administrativa para situarse en el terreno de la responsabilidad política y ética de quienes dirigían las instituciones en aquel momento.

 Certificaciones bajo presión
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, fue el encargado de verificar la idoneidad de parte del material sanitario adquirido. Fuentes internas del organismo reconocen que durante los primeros meses de la pandemia las solicitudes de certificación se multiplicaron y se resolvían en cuestión de horas, a menudo con documentación incompleta, dada la urgencia del momento.

El nombre de Yolanda Díaz aparece ahora vinculado a ese proceso de validación, aunque la propia vicepresidenta ha defendido públicamente la labor de su departamento y del INSST, afirmando estar “orgullosa” del trabajo técnico realizado bajo condiciones extremas.

Aun así, el informe de la UCO reabre el debate sobre si algunos certificados se emitieron bajo presión política o si hubo trato de favor hacia determinadas empresas intermediadas por el entorno de Koldo García.

 El ruido político y las consecuencias institucionales
La aparición del nombre de Díaz añade un componente explosivo a un caso que ya había erosionado a varios sectores del Gobierno. La trama de las mascarillas ha costado la carrera política a José Luis Ábalos y ha dejado bajo sospecha a otros dirigentes de distinto rango.

En el plano político, el bloque de la oposición ha exigido explicaciones inmediatas y la publicación íntegra del informe de la UCO. En el ámbito judicial, los investigadores se muestran prudentes: no existe, por ahora, indicio penal directo contra la ministra, pero sí una referencia que podría justificar nuevas diligencias si se hallaran más evidencias.

Más allá de la responsabilidad jurídica, el caso plantea interrogantes sobre el control y la transparencia en la gestión de fondos públicos durante la emergencia sanitaria. La compra masiva de material, la urgencia y la ausencia de controles ordinarios generaron un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, y los nombres que aparecen ahora solo agravan la desconfianza ciudadana hacia la clase política.

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 Un reflejo del sistema: urgencia, opacidad y redes de influencia
El caso mascarillas es, en el fondo, un espejo de cómo la política española respondió al caos de la pandemia: con decisiones aceleradas, intermediarios improvisados y una estructura institucional que en muchos casos actuó sin coordinación.

Los informes, las conversaciones filtradas y las conexiones entre empresarios y altos cargos dibujan un escenario en el que la frontera entre la gestión pública y el interés privado se diluyó peligrosamente. La inclusión del Ministerio de Trabajo en esta red, aunque sea de forma indirecta, demuestra hasta qué punto las decisiones administrativas se mezclaron con los intereses personales.

 Un caso que todavía respira
El informe más reciente de la UCO no cierra el caso; al contrario, lo amplía. Las menciones a Yolanda Díaz abren una nueva línea de interpretación que exige transparencia y aclaraciones políticas. Que su nombre aparezca en un mensaje de un exministro no implica culpabilidad, pero sí obliga a revisar qué papel jugó su ministerio en la certificación de material sanitario en aquellos días frenéticos.

La opinión pública, ya fatigada por años de escándalos, percibe que el caso mascarillas se ha convertido en un símbolo de la impunidad institucional. Queda por ver si la justicia consigue separar la responsabilidad penal de la política y, sobre todo, si las estructuras de poder son capaces de asumir que la confianza ciudadana se reconstruye con hechos, no con discursos.

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