El siguiente será Sánchez. No es un partido ni un gobierno, es una organización criminal, y como tal debe ser tratada»
Politica05 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
«Imputada la mujer del presidente, el hermano del presidente, los dos ex número dos del PSOE, el fiscal general del Estado nombrado por el presidente, investigado el PSOE por financiación ilegal y ahora… la secretaria general de Presidencia.
El siguiente será Sánchez. No es un partido ni un gobierno, es una organización criminal, y como tal debe ser tratada».
Con este mensaje, difundido en la red social X por el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, arrancó una jornada de gran repercusión política y mediática marcada por la decisión judicial de citar como investigada a Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno.
La reacción de Garriga refleja el clima de confrontación política en torno a un proceso judicial que se extiende ya al entorno más cercano del presidente. La investigación sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, suma una nueva figura clave y abre una fase con implicaciones institucionales sin precedentes.
La investigación alcanza la Secretaría General de la Presidencia
El juez que instruye la causa, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido ampliar las diligencias y citar a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, como investigada. Con esta decisión, ya son cinco las personas formalmente bajo investigación: la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ahora González.
La ampliación de la lista de investigados sitúa el caso en un nivel de relevancia institucional mucho mayor, al involucrar directamente a un alto cargo de la estructura central de la Presidencia del Gobierno.
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El origen de la causa se remonta a la primavera de 2024, cuando se presentó una denuncia que apuntaba a posibles irregularidades en la actividad profesional y académica de Begoña Gómez. En un inicio, las diligencias se centraban en delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.
Con el avance de la instrucción, el juez decidió incorporar un nuevo posible delito: malversación de caudales públicos. Según los indicios, una asesora de la Presidencia podría haber realizado funciones que excedían su cargo, utilizando recursos públicos para tareas que beneficiaban a proyectos vinculados a Gómez.
El magistrado considera que esa circunstancia justificaría investigar si desde la propia Presidencia se permitió o facilitó un uso indebido de medios institucionales. La incorporación de González, máxima responsable administrativa de la Secretaría General, busca esclarecer el grado de conocimiento o participación en esos hechos.
Las piezas clave de la investigación
1. Begoña Gómez
Es la figura central del procedimiento. Se investiga si, aprovechando su posición y relaciones institucionales, pudo influir en decisiones administrativas o empresariales vinculadas a proyectos que dirigía o apoyaba.
La defensa sostiene que todas las actividades fueron legítimas, públicas y transparentes, y que no existió ningún uso irregular de recursos públicos ni beneficio personal.
2. Cristina Álvarez, asesora de Presidencia
Su contratación y funciones dentro de la Secretaría General de la Presidencia son uno de los ejes de la investigación. El juez sospecha que parte de su trabajo pudo dedicarse a fines privados relacionados con la actividad profesional de Gómez, lo que abriría la posibilidad de un delito de malversación.
3. Juan Carlos Barrabés, empresario
Su nombre aparece asociado a empresas que colaboraron con proyectos académicos y sociales vinculados a Gómez. Se analiza si esas relaciones se beneficiaron de ayudas o adjudicaciones públicas influenciadas por su entorno.
4. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid
Ya investigado por su participación en gestiones vinculadas al caso, su papel se revisa para determinar si tuvo alguna intervención directa en decisiones administrativas que pudieran favorecer intereses particulares.
5. Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia
Su incorporación a la lista de investigados representa un salto cualitativo. Como máxima responsable de la estructura administrativa de la Presidencia, su papel es esencial para esclarecer si hubo conocimiento o autorización de los actos que se investigan.
Una causa que toca el núcleo del poder ejecutivo
Con la citación de González, el caso ha dejado de ser una cuestión que afecte únicamente al entorno familiar o académico de la esposa del presidente. Ahora, se adentra en el ámbito de la gestión interna de la Presidencia del Gobierno, un territorio de alta sensibilidad institucional.
El juez ha solicitado documentación complementaria sobre nombramientos, correos electrónicos y posibles autorizaciones de gasto. También estudia la eventual necesidad de requerir testimonio a otros altos cargos o funcionarios que hubieran intervenido en los procedimientos bajo revisión.
De confirmarse los indicios de malversación, la instrucción podría derivar en la apertura de piezas separadas o incluso en la elevación del caso a instancias superiores, si se comprobara la implicación de personas con condición de aforados.
La posición de la defensa y la Fiscalía
La defensa de Begoña Gómez mantiene que no existe prueba alguna de desvío de fondos ni de participación en decisiones administrativas irregulares. Afirma que la asesora de la Presidencia nunca actuó fuera de sus competencias oficiales y que las comunicaciones e informes presentados son coherentes con sus funciones públicas.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado el archivo de las piezas relacionadas con tráfico de influencias, corrupción e intrusismo, al considerar que no existen indicios suficientes para sostener esas acusaciones. Sin embargo, la parte relativa a la malversación continúa abierta y bajo investigación directa del juzgado.
Este choque entre el criterio del juez instructor y el del Ministerio Público ha generado un debate jurídico sobre la consistencia de los indicios y el alcance real de los hechos investigados.
La respuesta política: entre la tensión y el silencio
El caso ha desatado una fuerte reacción política. Mientras la oposición intensifica sus críticas y exige responsabilidades, el Gobierno mantiene un mensaje de serenidad, afirmando su respeto por la independencia judicial y apelando a la presunción de inocencia.
El mensaje difundido por Ignacio Garriga, con acusaciones directas al presidente y a su entorno, ejemplifica la tensión creciente entre las formaciones políticas. Desde el Ejecutivo, se rechazan tajantemente las expresiones que califican al Gobierno como una “organización criminal”, y se denuncia una estrategia de deslegitimación institucional por parte de la extrema derecha.
En el Parlamento, las fuerzas opositoras han solicitado explicaciones públicas sobre el caso, mientras que los socios del Gobierno piden prudencia y respeto al proceso judicial.
Próximos pasos judiciales
El juez ha fijado nuevas fechas de declaración para los investigados y ha ordenado la incorporación de diversa documentación institucional. Si las diligencias confirman indicios de delito, podría transformarse la causa en un procedimiento abreviado, paso previo a un eventual juicio.
También está sobre la mesa la posibilidad de que la causa afecte a aforados, lo que trasladaría la competencia al Tribunal Supremo. En paralelo, se analizan los expedientes de contratación y la trazabilidad de determinados pagos vinculados a la Secretaría General de la Presidencia.
Implicaciones institucionales y sociales
Más allá de su dimensión judicial, la investigación tiene un profundo impacto en la percepción ciudadana sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en el entorno del poder. Que la esposa del presidente y altos cargos de la Presidencia estén bajo investigación plantea interrogantes sobre la integridad institucional y los mecanismos de control.
El Gobierno insiste en que no existe ninguna irregularidad y que el proceso se resolverá dentro de la legalidad. La oposición, en cambio, lo interpreta como un reflejo del deterioro ético de la administración.
La polarización política y mediática en torno al caso aumenta con cada nueva decisión judicial, convirtiendo el proceso en uno de los episodios más delicados de la legislatura.
El caso Begoña Gómez ha pasado de ser un procedimiento de carácter personal a un asunto de trascendencia nacional. Con la citación de la secretaria general de la Presidencia, la investigación alcanza el corazón mismo del Ejecutivo.
Mientras el juez continúa reuniendo pruebas, las instituciones se enfrentan a una prueba de resistencia: demostrar que el sistema judicial puede actuar con independencia, sin interferencias políticas, y que la rendición de cuentas alcanza a todos los niveles del poder.
El desenlace, aún lejano, definirá no solo el futuro judicial de los implicados, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y en la credibilidad del propio Gobierno.
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