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El juez Juan Carlos Peinado no da marcha atrás y ha decidido continuar con el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cinco delitos relacionados con su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
La resolución, rechaza frontalmente las peticiones de sobreseimiento del Ministerio Fiscal y las defensas. El auto incorpora a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.
El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid considera que existen «indicios claros, sólidos y homogéneos» para procesar a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Junto a ella, permanecen como investigados su asistente María Cristina Álvarez Rodríguez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el ex secretario general de Presidencia Francisco Martín Aguirre.
Una asistente pagada con fondos públicos
El auto sitúa como elemento central del caso el uso de Cristina Álvarez, empleada de Presidencia del Gobierno con un sueldo de 52.282 euros anuales, para gestionar actividades privadas de Begoña Gómez relacionadas con la Cátedra. El juez cita el informe de la UCO que acredita «numerosas gestiones consistentes en el envío de correos electrónicos» para el desempeño de la actividad profesional privada de Gómez, «en detrimento de las labores públicas para las que fue contratada».
Peinado considera que esta desviación de recursos públicos constituye malversación de caudales públicos, aplicando el concepto de «comisión por omisión» a los superiores jerárquicos que no lo evitaron, incluido Martín Aguirre. Por ello, incorpora como nueva investigada a Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.
En cuanto al tráfico de influencias, el juez recoge literalmente el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló que «no puede encontrarse una situación que pueda constituir mayor indicio de fuerza, influjo o presión moral» que la derivada de la condición de esposa del presidente del Gobierno. El auto describe cómo esta posición, reforzada por el uso de medios de Presidencia, creó un «limbo de poder no institucionalizado».
El magistrado también aprecia indicios de apropiación indebida del software desarrollado para la Cátedra con recursos públicos y privados, que fue registrado como marca a nombre personal de Begoña Gómez. Asimismo, considera probado el intrusismo profesional al firmar documentos técnicos sin la capacitación académica requerida.
La resolución desmonta punto por punto los argumentos del Ministerio Fiscal, que había solicitado el archivo. Peinado rechaza aplicar el «principio de intervención mínima» del derecho penal y subraya que «no puede estimarse que los hechos deban ser objeto de sanción» en otra vía que no sea la penal.
El caso se tramitará ante el Tribunal del Jurado, que juzgará de forma conjunta todos los delitos por considerar que están «intrínsecamente unidos». La próxima comparecencia está señalada para el 12 de noviembre, cuando declararán nuevos testigos y la recién incorporada investigada.
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