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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido a Pedro Sánchez que impulse la expropiación o cesión forzosa de viviendas en riesgo de desahucio para incorporarlas al parque público y alquilarlas posteriormente a los propios ocupantes en condiciones «asequibles», con rentas que no superen el 30% de los ingresos familiares.
La iniciativa, registrada por los diputados de Sumar en el Congreso, busca que el Ejecutivo del que ellos mismos forman parte «erradique los desahucios extrajudiciales» y actúe contra las empresas dedicadas al desalojo de viviendas ocupadas.
El grupo parlamentario de Sumar —integrado por Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista— ha presentado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno en la que exige «prohibir los desahucios extrajudiciales» y «abrir los procedimientos legales necesarios» para ilegalizar a empresas como Desokupa y APD Security Iberia, a las que califican de «grupos violentos y parapoliciales al servicio de la especulación inmobiliaria».
En su texto, los diputados de la formación de Díaz sostienen que compañías de este tipo «no tienen cabida en una sociedad democrática» y las acusan de «actuar como brazo armado del rentismo, expulsando por la fuerza a vecinos y vecinas para beneficio de los especuladores». A su juicio, estas entidades operan «con la permisividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», lo que, según denuncian, «deteriora la convivencia y vulnera los principios democráticos».
La propuesta de Sumar también reclama al Ministerio del Interior y al de Justicia, dirigidos por Fernando Grande-Marlaska, que «actúen con contundencia» para frenar las actuaciones de estos «grupúsculos uniformados» y «garantizar la paz pública». En paralelo, recuerdan que la coalición ya ha impulsado en el Parlamento otras iniciativas sobre «los abusos, denuncias y episodios de violencia» protagonizados, en su opinión, por estas empresas privadas de desalojo.
El documento insiste además en la necesidad de «incorporar al parque público de vivienda» todos los inmuebles en riesgo de desahucio, con el fin de ponerlos a disposición de sus actuales ocupantes mediante alquiler social o, en casos de vulnerabilidad, ofrecerles una moratoria o una renta mínima garantizada. Con ello, Sumar pretende «convertir la vivienda en un derecho efectivo y no en una mercancía sujeta a la especulación».
Los diputados magenta van más allá y plantean la posibilidad de «aprobar medidas legislativas» que prohíban directamente los desahucios o regulen estrictamente la actividad de las empresas que los ejecutan. Según explican, el objetivo es «impedir que ninguna persona sea expulsada de su hogar sin la intervención de las autoridades judiciales y sin alternativas habitacionales».
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