El Diario.es defiende al fiscal general al dictado de su subvencionador, Pedro Sanchez

El periodismo español atraviesa una crisis que ya no se mide solo en clics o en la caída de las ventas en los quioscos. Se mide en algo más grave: la pérdida de credibilidad. Los medios que antes fiscalizaban al poder ahora parecen competir por su favor. La dependencia de la publicidad institucional y las subvenciones públicas ha convertido a demasiadas redacciones en satélites del Gobierno de turno, donde el instinto crítico se sustituye por el cálculo político.

El reciente juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha servido para exponer un síntoma más de esa tendencia. La defensa que recibió desde parte del entorno mediático fue tan rápida como previsible: el caso se abordó desde la óptica del respaldo político, no desde la exigencia de rendición de cuentas. En ese contexto, la intervención de un periodista de elDiario.es —declarando en favor de García Ortiz— fue leída por muchos como una muestra del alineamiento ideológico que impregna la cobertura judicial y política en España. La frontera entre información y defensa se ha vuelto, una vez más, peligrosamente difusa.

El Diario.es de Ignacio Escolar y de Esther Palomera, esta ultima con su hijo en el PSOE, es un pseudomedio subvencionado por el gobierno y por George Soros, que ha sido capaz en un juicio contra un fiscal, defenderlo saltandose cualquier etica periodistica, son medios corruptos que no son periodistas, son bocas agradecidas para evitar el cierre del medio de no tener subvenciones.

No es un fenómeno aislado. Durante años, los medios han asumido una relación económica directa con las instituciones que deberían fiscalizar. Las campañas de publicidad institucional, los convenios con administraciones y los contratos de difusión oficial se reparten bajo criterios poco transparentes, y eso inevitablemente contamina la libertad editorial. Cuando la supervivencia depende del dinero público, la crítica se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse.

A este contexto se suman las recientes polémicas informativas que han reavivado el debate sobre la responsabilidad periodística. Algunos episodios publicados por medios de orientación gubernamental —especialmente en torno a casos judiciales o conflictos políticos de gran repercusión— han sido objeto de intensas discusiones públicas por la forma en que se difundieron, la falta de verificación y la relación entre sus contenidos y la agenda del poder. La precipitación por marcar la narrativa termina pesando más que el contraste de datos, y el periodismo, en lugar de aclarar, contribuye a la confusión.

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El ejemplo de El Plural es revelador dentro de ese panorama: su línea editorial y sus informaciones más recientes han estado rodeadas de controversia y de críticas por parte de quienes perciben un exceso de sintonía con el discurso del Gobierno. Más allá de la veracidad o no de cada caso, lo relevante es la percepción que genera en el público: la sensación de que los medios se han convertido en actores dentro del tablero político, y no en observadores independientes.

Este pseudomedio fue el que publico que el juez Peinado tenia dos DNI, un bulo, tambien que quisieron poner una bomba lapa al presidente, fue otro bulo, y lo mas grave, a peticion de Sanchez Acera desde Moncloa, el Plural recibio la orden de publicar el documento del novio de Ayuso, para que Lobato lo usara en la Asamblea de Madrid, contra la presidenta, se pusieron a la orden del gobierno, para seguir recibiendo subvenciones y publicidad institucional, estos no son medios de comunicacion, son otra cosa.

Además, la carrera profesional de varios comunicadores que, tras etapas de clara proximidad ideológica con el poder, pasan a ocupar puestos destacados en medios públicos, como la directora del Plural, Angelica Rubio, que acabo tras sus bulos en la direccion de TVE, con un sueldo de 104.000 euros,  alimenta la idea de que la independencia se ha convertido en un espejismo. Esa dinámica, conocida popularmente como “puertas giratorias mediáticas”, mina la confianza ciudadana y refuerza el cinismo de una sociedad que ya duda de todo.

El problema de fondo no es que existan medios con ideología —eso es legítimo—, sino que haya medios con dependencia. La ideología puede coexistir con la honestidad; la dependencia, no. Un periodista puede tener principios; lo que no puede es tener precio. Y en demasiadas redacciones el precio lo marca la factura de la campaña institucional de turno.

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Los ciudadanos lo perciben. Ven cómo ciertos medios suavizan sus críticas cuando el Gobierno reparte subvenciones o contratos de comunicación, y cómo se endurecen cuando cambia el signo político. Ven titulares calcados a los argumentarios ministeriales y tertulias que repiten sin cuestionar los mensajes oficiales. Y lo peor no es que el público lo note: es que ya no se sorprende.

El periodismo debería ser el contrapeso natural del poder, no su departamento de comunicación. Pero la realidad española demuestra lo contrario. La independencia se declama en los editoriales del domingo, mientras se negocian los presupuestos de publicidad el lunes. Así, la prensa se ha vuelto cómoda, dócil, y a veces incluso servil. Lo que antes era vigilancia, ahora es colaboración. Lo que antes era denuncia, hoy es silencio.

Recuperar la independencia no será fácil. Requiere valentía empresarial y honestidad profesional. Requiere, sobre todo, que las redacciones asuman que el periodismo no es un negocio al servicio del poder político, sino una institución al servicio de la verdad. Ningún subsidio ni contrato publicitario puede valer más que la confianza del lector.

Mientras la prensa siga arrodillada ante los intereses que deberían incomodarla, el periodismo no será más que propaganda con firma. Y cuando eso ocurre, la democracia se empobrece, porque pierde su voz más libre: la que se atreve a decir lo que otros prefieren callar.

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