Impacto España Noticias
El Gobierno de Canarias, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, adjudicó durante la pandemia varios contratos millonarios a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García.
Según consta en documentos oficiales y en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), la Administración canaria llegó a pagar más de 12 millones de euros a esta trama por mascarillas, muchas de ellas inservibles, y autorizó en menos de una hora una modificación contractual que permitió inflar el precio inicial en 447.000 euros adicionales.
Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2020, cuando el Ejecutivo de Torres formalizó la compra de 2,75 millones de mascarillas FFP2 a 2,5 euros la unidad. La operación ascendía a 6,8 millones de euros, y se firmó incluso antes de recibir la oferta oficial de la empresa intermediaria. Apenas 48 minutos después, el mismo contrato se volvió a formalizar, pero esta vez con una cláusula que obligaba al Gobierno autonómico a pagar aparte los costes de transporte aéreo entre Madrid y Canarias, un gasto que nunca se había facturado de forma separada en compras anteriores.
Esta alteración, introducida a contrarreloj y sin justificación técnica, fue detectada por funcionarios del Servicio Canario de Salud, que alertaron por correo interno de la irregularidad. “Los fletes deben formar parte del precio de la mercancía y veo que remite facturas al margen. ¿Se han negociado condiciones distintas?”, preguntó entonces un responsable de la Dirección General de Recursos Económicos.
Su advertencia no sirvió de nada: el documento modificado fue firmado a las 18:52, apenas 48 minutos después del primero, dejando constancia oficial de un sobrecoste de 447.061 euros para las arcas públicas.
Pese a que la UCO no ha hallado aún “indicios de criminalidad” en la actuación directa de Torres, el informe conocido hasta ahora no es definitivo y deja nuevas incógnitas sobre el papel del actual ministro de Política Territorial en la gestión de las compras.
Según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, faltan aún informes complementarios sobre su implicación personal, ya que fue él quien intervino directamente para resolver los problemas de pago derivados de aquel contrato. “Esta mierda la soluciono sí o sí”, habría dicho a Koldo García, según recoge la investigación.
La empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la red investigada por el caso Koldo, fue una de las grandes beneficiarias del Gobierno de Torres durante la pandemia. Los contratos firmados por el Ejecutivo canario superaron los 12 millones de euros, en operaciones que se cerraban con condiciones “excepcionales” y precios muy por encima del mercado. Muchas de las mascarillas nunca pudieron utilizarse.
El propio Torres celebró públicamente que el informe de la UCO “no detecta mordidas ni señoritas”, en referencia a las comisiones y regalos que salpican a la trama Koldo. Sin embargo, el rastro documental revela que su Gobierno modificó contratos ya firmados para favorecer económicamente a una red de intermediarios vinculada a altos cargos del PSOE, en plena emergencia sanitaria y con material que resultó inútil para los hospitales canarios.
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