Impacto España Noticias
La ONG Respuesta Social Siglo XXI ha recibido una denuncia interna de un trabajador por presuntas irregularidades en la gestión de varios centros de acogida para menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias.
El denunciante asegura que la dirección del centro era plenamente consciente de que en las instalaciones residían adultos con decretos judiciales de mayoría de edad, pero aun así ordenaba mantenerlos en el recurso reservado para menores, vulnerando los protocolos legales de protección infantil, tal y como ha adelantado el usuario @CanarioToday.
Según el testimonio, al que ha tenido acceso la prensa, esta práctica no era un error administrativo ni un caso aislado, sino una actuación sistemática. La dirección —incluidos el director y el subdirector del centro— habría dado instrucciones directas al personal para permitir que mayores de edad pasaran la noche en el recinto o permanecieran en él pese a contar con resoluciones judiciales que confirmaban su edad real.
El trabajador también detalla graves anomalías económicas. En los libros de cuentas figuraban conceptos de «combustible» y «pagas» —estas últimas referidas a las asignaciones de los menores— que se empleaban para justificar gastos ajenos a la actividad del centro.
Entre ellos, el pago de multas de tráfico del personal, consumo de gasolina sin identificación del vehículo y otros movimientos sin respaldo documental. El denunciante afirma que, pese a solicitar que las facturas incluyeran las matrículas de los coches, desde la dirección le respondían que «no hacía falta».
En el mismo informe se mencionan otras prácticas irregulares, como la entrega de tabaco a los menores acogidos y la manipulación de actividades formativas, que se falseaban en los proyectos educativos individuales para justificar el uso de fondos públicos.
La ONG Respuesta Social Siglo XXI está actualmente bajo investigación judicial por presunto desvío de dinero público y falsedad documental durante la etapa del Gobierno autonómico del PSOE y Podemos, con Noemí Santana (Podemos) al frente de la Consejería de Derechos Sociales.
Pese a las denuncias y a las pesquisas abiertas, Coalición Canaria y el Partido Popular han mantenido la financiación a esta entidad, que sigue recibiendo millones de euros procedentes de los presupuestos públicos del archipiélago.
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