Impacto España Noticias
La investigación abierta sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un giro significativo tras el informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo.
Según consta en ese documento, los agentes han verificado que el alto cargo borró los mensajes de su aplicación de mensajería móvil el mismo día en que fue formalmente imputado por presunta revelación de secretos. Además, una semana después, cambió de teléfono sin entregar el dispositivo anterior, pese a tratarse de un terminal oficial perteneciente a la Fiscalía General del Estado.
Un vaciado completo el día de la imputación
Los investigadores determinaron que el vaciado del historial de conversaciones no fue un borrado parcial o accidental, sino una eliminación sistemática de todo el contenido existente hasta el 16 de octubre de 2024, fecha en la que el Tribunal Supremo comunicó la apertura de diligencias contra el fiscal general.
El análisis forense del dispositivo permitió comprobar que ese mismo día se había ejecutado la supresión masiva de mensajes en varias aplicaciones, incluidas las que se utilizan habitualmente para las comunicaciones internas de la Fiscalía.
La UCO precisó que esta eliminación se produjo en dos fases sucesivas, lo que, según los técnicos, sugiere una acción consciente y deliberada por parte del usuario. El procedimiento habría afectado tanto a los mensajes individuales como a los grupos de trabajo en los que participaba el fiscal general, dificultando la recuperación de información potencialmente relevante para la investigación.
Los peritos han señalado que, una vez consolidada la base de datos, es imposible recuperar los mensajes borrados en WhatsApp. Han aclarado que no existe una acción directa de “borrado” en la aplicación, por lo que no se puede determinar si los chats fueron «vaciados» o si se borraron mensajes de forma individual.
En todo caso, la falta de mensajes anteriores a la acción localizada, hace pensar a los peritos que hubo un primer borrado. Posteriormente, tras el borrado, se observa una entrada de 1.500 registros que trasladan a García Ortiz que con cada contacto tiene «cifrado punto a punto» y que la conversación es segura, lo que aparece al abrir un nuevo chat o al eliminar un chat existente previamente.
Cambio de terminal y falta de entrega del dispositivo oficial
El informe detalla también que García Ortiz sustituyó su teléfono móvil oficial por otro nuevo el 23 de octubre de 2024, apenas siete días después del inicio formal del procedimiento judicial. Sin embargo, el dispositivo anterior —propiedad de la Administración y asignado al cargo de fiscal general— no fue devuelto ni registrado en los inventarios de la Fiscalía.
Los agentes constataron además que no se había emitido parte de sustitución ni acta de devolución del terminal, como exige el protocolo interno de seguridad tecnológica de la institución. Ese detalle ha despertado preocupación entre los investigadores, que subrayan la relevancia de garantizar la custodia de los dispositivos oficiales en cargos con acceso a información sensible del Estado.
Argumentos de la defensa y justificación oficial
En su declaración y a través de sus representantes legales, García Ortiz ha defendido que tanto el borrado de mensajes como el cambio de dispositivo se enmarcan dentro de las medidas de seguridad recomendadas para altos cargos de la Administración de Justicia. Según su versión, la supresión de datos y el reemplazo del teléfono respondían a “protocolos de seguridad y confidencialidad”, orientados a proteger información institucional y a prevenir accesos no autorizados.
El fiscal general ha negado que existiera intención alguna de ocultar pruebas o interferir en la investigación abierta en su contra. Su entorno sostiene que el terminal antiguo se encontraba en proceso de revisión técnica para proceder a su destrucción segura, tal como prevé la normativa de protección de datos y ciberseguridad en dispositivos oficiales.
Contexto del caso y alcance judicial
La investigación que originó estas actuaciones judiciales se centra en la presunta filtración de información reservada relacionada con un procedimiento disciplinario interno. El Tribunal Supremo decidió abrir causa al apreciar indicios de revelación de secretos cometida por autoridad pública, una infracción penal especialmente grave en el ámbito del Ministerio Público.
El borrado de mensajes y la sustitución del teléfono se han convertido en elementos de especial interés para la instrucción, pues los agentes consideran que podrían haber afectado a la preservación de pruebas digitales. En el informe se hace constar que el vaciado de datos imposibilitó la recuperación de comunicaciones que podrían haber esclarecido el flujo de información dentro de la Fiscalía en los días previos y posteriores a la apertura del caso.
Repercusiones institucionales y debate interno
El episodio ha generado un intenso debate dentro de la propia Fiscalía General del Estado, donde algunos miembros han manifestado preocupación por la falta de protocolos claros de preservación de evidencias electrónicas cuando un alto cargo se ve inmerso en un procedimiento judicial. Fuentes internas reconocen que, aunque existen normativas de seguridad, no se contempla de forma expresa la obligación de conservar los registros de mensajería instantánea en dispositivos institucionales cuando estos pueden tener valor probatorio.
A nivel político y judicial, el caso ha reabierto la discusión sobre la independencia del Ministerio Público y la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión tecnológica de sus máximos responsables. Diversas asociaciones de fiscales han reclamado la elaboración de un protocolo específico de custodia digital para garantizar que los dispositivos oficiales queden inmediatamente bajo control judicial en situaciones de imputación o cese de funciones.
Una investigación abierta con implicaciones mayores
El Tribunal Supremo continúa instruyendo la causa, que permanece bajo secreto parcial. Se prevé que en las próximas semanas se incorporen nuevos informes periciales para determinar si el borrado de mensajes pudo vulnerar el deber de colaboración con la Justicia o si se trató de un procedimiento habitual dentro de las prácticas de seguridad institucional.
Mientras tanto, la UCO ha solicitado autorización para acceder a los registros internos de la Fiscalía y comprobar si existen copias de seguridad automáticas de los mensajes eliminados en los servidores corporativos. Si esas copias existieran, podrían servir para reconstruir parte de las comunicaciones borradas y esclarecer el alcance real de la eliminación.
Un episodio que marca un precedente
El caso sienta un precedente sin equivalentes recientes en la historia del Ministerio Público. La posible destrucción de evidencias digitales por parte del máximo responsable de la Fiscalía plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas, la trazabilidad de las comunicaciones oficiales y la integridad de los sistemas de control interno.
Más allá de su desenlace judicial, la situación ha puesto de relieve la necesidad de revisar los protocolos de gestión tecnológica y de establecer criterios uniformes para la conservación de información institucional cuando está en juego la transparencia del Estado.
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