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Roberto Gallegos, concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo), se encuentra en el foco de la polémica tras permanecer junto a su familia en una vivienda del barrio de San Jerónimo sin contar con un título legal que les otorgue la posesión del inmueble. Según los registros de propiedad y testimonios de vecinos, la familia lleva más de siete años residiendo en el lugar.
La vivienda, de 499,30 metros cuadrados, incluye planta baja, primera y bajo cubierta. Desde noviembre de 2018, la propiedad pertenece a la sociedad Coral Homes SLU, que la adquirió a través de CaixaBank. En la escritura de compraventa, la empresa dejó constancia de que la finca se encontraba ocupada “en precario, sin título alguno que justifique o legitime dicha ocupación”, y que no disponía de llaves para entregar la posesión a los nuevos propietarios.
Los actuales compradores, que adquirieron la vivienda para uso residencial, enviaron el pasado octubre un burofax a R. G. F., su hermana N. F., y sus padres E. F. G. y A. G. L-B., instándoles a desalojar la propiedad en un plazo de diez días. El documento advertía de la ilegalidad de la ocupación y señalaba que, de no atenderse la solicitud, podrían iniciarse acciones legales, incluyendo un procedimiento de desahucio.
Pese a ello, según fuentes cercanas, la familia aún permanece en la vivienda y habría mostrado resistencia frente a la empresa contratada para ejecutar el desalojo, llegando incluso a calificar de “acosadores” a los propietarios.
La situación ha generado polémica dado que R. G. F. y su partido han criticado públicamente las ocupaciones en Talavera. En octubre, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Enrique Hidalgo, responsabilizó al alcalde José Julián Gregorio (PP) por la proliferación de ocupaciones, cuestionando la gestión municipal.
R. G. F. ha desempeñado distintos cargos en el Ayuntamiento, incluyendo concejal de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs. Según declaraciones fiscales, en 2023 obtuvo 24.792,46 euros por su labor como concejal y 7.671,84 euros por su actividad como autónomo en el sector de ferias y exposiciones, además de mantener un préstamo personal con CaixaBank por 11.144,09 euros.
Este caso ha reavivado el debate sobre la ocupación de viviendas y la protección de la propiedad privada en España. Expertos en derecho civil recuerdan que la ocupación sin título legal constituye una vulneración de derechos de propiedad y puede derivar en procedimientos judiciales de desahucio con costes adicionales para los ocupantes.
Los propietarios del inmueble han declarado su intención de recuperar la posesión mediante los cauces legales, enfatizando que su objetivo es habitar la propiedad y no especular con la misma. La resolución del conflicto podría marcar un precedente sobre la gestión de ocupaciones prolongadas en Talavera de la Reina y sobre la coherencia entre la postura política de determinados cargos públicos y su comportamiento personal.
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