Una retirada a tiempo no siempre es una victoria, sino la enésima constatación del raquitismo parlamentario que padece el PSOE. El grupo parlamentario socialista ha decidido renunciar formalmente a la que se ha venido en llamar 'ley Begoña', aquella proposición de ley que registró en enero en el Congreso para tratar de intervenir la Justicia por la vía rápida ante el avance de los casos protagonizados por la mujer del presidente, su hermano y el fiscal general del Estado.
El Boletín Oficial de las Cortes Generales daba cuenta el viernes de la retirada formal de la iniciativa de su tramitación parlamentaria, a petición del grupo que dirige Patxi López. Ha muerto antes de nacer: los socialistas ni siquiera se atrevieron a llevarla al Pleno para su admisión a trámite, que es la primera criba que hace el Congreso con las proposiciones de ley de los grupos, antes de que sean derivadas a una comisión.
No dieron el paso porque sabían que no iba a pasar el corte. No tenían el apoyo de Junts, pero tampoco el de Podemos y ni siquiera el de Sumar. Ninguno quería ser cómplice del PSOE, los tintes antidemocráticos de la iniciativa han sido un obstáculo insalvable.
El Gobierno había enterrado la 'ley Begoña' después de llevar diez meses cogiendo polvo en el registro de la Cámara Baja. Faltaba que fuera oficial y ya lo es: ya hay acta de defunción de la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, que así la bautizaron.
Pero deshecha la ley, hecha la trampa. Cuando los socialistas constataron que la 'ley Begoña' no tenía ninguna posibilidad, decidieron introducir parte de su contenido enmascarado dentro de la reforma de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; reforma que el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el 28 de octubre y envió al Congreso, y que Félix Bolaños presentó el viernes en la Comisión de Justicia.
El ministro del ramo afirmó ante los diputados que la modificación no tiene «nada que ver» con ninguna de las causas que afectan al PSOE o a la familia del presidente, ante el escepticismo de la oposición.
La reforma de la Lecrim tiene entre sus principales objetivos limitar la acusación popular, para que los partidos, las asociaciones y fundaciones vinculados a estos, así como los sindicatos, las personas jurídicas y entes públicos no puedan ejercerla. Para los demás, la acusación popular se limita a un catálogo de delitos, no a todo el Código Penal. Esta castración de la acusación popular ya figuraba en similares términos en el articulado de la malograda 'ley Begoña'.
Cabe recordar que el PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, el partido Iusticia Europa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales vienen ejerciendo la acusación popular en las causas contra el PSOE instruidas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, así como en la del fiscal general del Estado -que quedó vista para sentencia el jueves-, la de Begoña Gómez y la de David Sánchez.
No obstante, hay una diferencia importante. La 'ley Begoña' incluía una disposición transitoria única para que, en caso de aprobarse, se aplicara inmediatamente a los «procesos en curso». Un punto muy cuestionado, porque el Derecho Procesal no tiene efecto retroactivo.
Aunque, en realidad, toda la iniciativa lo era. Sin embargo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entraría en vigor el 1 de enero de 2028 si es que es aprobada por las Cortes, y, sobre el papel, no afectará a ningún procedimiento en curso hasta entonces. «La empezará a aplicar un fiscal general del Estado que será nombrado por el Gobierno que salga de las urnas en 2027», insistió Bolaños.
Pero la reforma de la Lecrim tampoco ha caído precisamente de pie en el Congreso y se adivina una tramitación más que complicada para los socialistas. Hasta el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, cuestionó en la comisión del viernes el intento del Gobierno de limitar la acusación popular.
Máxime teniendo en cuenta que, en la actualidad, el PSOE está personado como tal en varias causas para tener información de primera mano. Entre ellas, la que instruye la jueza de Catarroja sobre la catástrofe de la dana y la del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Por lo que se refiere a la difunta 'ley Begoña', la proposición de ley de los socialistas también incluía impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa, aumentar los motivos para recusar a un juez y, además, borrar de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
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