El Gobierno de Sánchez indultará al fiscal general del Estado

"El Estado soy yo". Ni el Rey Sol se hubiera atrevido a tanto.

 España sigue haciendo historia en administración creativa de justicia. Apenas un día después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, el Gobierno de Pedro Sánchez ya baraja el siguiente movimiento: indultarlo. Pero no inmediatamente… solo lo justo para que quede elegante. La idea es esperar a que se lea la sentencia completa y así revestir el perdón con solemnidad institucional. Todo muy fino.

La intención del Ejecutivo socialista sería acelerar el “proceso de resarcimiento” (son los reyes de los eufemismos) para el jefe de la Fiscalía, que estará inhabilitado dos años por filtrar datos reservados del caso que implicaba al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

 La condena no solo lo aparta del cargo: deja al Ministerio Fiscal en una situación inédita. Nunca antes un fiscal general había sido sentenciado por un delito relacionado con violar información protegida. Ni siquiera así parece haber preocupación alguna en Moncloa. Al revés: ya hablan de reparación. Como si el condenado fuera el héroe incomprendido en su lucha para frenar al "fascismo".

El Gobierno del autócrata lo tiene claro: no sólo cambian la ley para moldear la realidad a su antojo. Cuando una sentencia no les gusta, se la saltan

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 Y por si faltaba emoción… el borrado del móvil
Durante su declaración, García Ortiz tampoco pudo explicar por qué se eliminó información clave de su teléfono profesional en pleno escándalo. Su respuesta se ha convertido en meme jurídico nacional: “No sé lo que hice.”

Primero filtra secretos. Luego borra el móvil. Después no recuerda. Y pronto, quizá, indultado. El único hilo que falta para cerrar el arco dramático es una calle con su nombre.

 Indultos “de cortesía” como nueva normalidad
Si algo ha dejado claro el Gobierno esta legislatura es que el indulto ya no se usa como herramienta excepcional del Estado: se ha convertido en terapia política de spa, un tratamiento de relajación para los condenados de confianza.

Con recursos, sentencias, ministerios implicados y el fiscal general condenado, todo apunta a una conclusión brillante: en España, revelar secretos puede salir gratis… siempre que seas quien tiene acceso a ellos. Ya ni se esconden. 

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