Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional avanza en la investigación contra la presunta financiación ilegal del PSOE tras ordenar la entrega urgente de toda la documentación relativa a los pagos en efectivo realizados por el partido entre los años 2017 y 2024. El requerimiento ha sido cursado por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El partido del Gobierno dispone ahora de un plazo de diez días para remitir al juzgado tanto el listado completo de esos desembolsos en metálico como los justificantes que los respalden. Paralelamente, el fiscal ha solicitado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que analice las evidencias digitales relacionadas con estos movimientos de dinero, incluidos mensajes escritos y notas de voz que pudieran acreditar cómo se organizaban esos pagos en la sede de Ferraz.
El origen de esta investigación se encuentra en las pesquisas desarrolladas por el Tribunal Supremo en el conocido como caso Koldo. Según Anticorrupción, de lo actuado hasta ahora no ha quedado aclarado de dónde procedía el efectivo del que supuestamente disponía el PSOE para abonar determinadas compensaciones también en metálico, entre otros, al exministro José Luis Ábalos, a su entonces asesor Koldo García y a otros posibles destinatarios.
La Fiscalía considera que las explicaciones aportadas hasta ahora por el partido no permiten despejar las sospechas. En la documentación remitida se señala que el dinero en efectivo procedía de retiradas periódicas de cuentas bancarias, pero no se logra justificar si existieron pagos no reflejados oficialmente ni tampoco el circuito completo de entrada y salida de esos fondos. Esta falta de trazabilidad ha llevado al ministerio público a advertir de la existencia de «incógnitas relevantes» que podrían apuntar a conductas irregulares, e incluso a delitos penales.
El propio Supremo ya advirtió de que los hechos investigados podrían encajar en figuras delictivas de especial gravedad, desde blanqueo de capitales hasta un posible perjuicio económico al propio partido, sin descartar otras irregularidades añadidas.
Cabe recordar que fue el pasado 31 de octubre cuando el Alto Tribunal decidió remitir a la Audiencia Nacional los indicios detectados para que se abriera una causa independiente. Antes de dar ese paso, el magistrado Leopoldo Puente tomó declaración como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez.
Tras esas comparecencias, el juez concluyó que seguían sin resolverse aspectos clave, como quién autorizaba las compensaciones en efectivo, qué procedimiento se seguía para justificarlas y, sobre todo, de dónde salía exactamente el dinero que se utilizaba.
Con esta nueva fase, la Audiencia Nacional asume ya en primera línea una investigación que pone el foco sobre las finanzas internas del partido que actualmente gobierna España, en un escenario judicial que amenaza con escalar si los documentos y los informes de la UCO confirman las sospechas iniciales.
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