La operación se enmarca en una investigación judicial impulsada desde el juzgado de Instrucción número 7 de Dos Hermanas tras una querella presentada por VOX, que acusa a Salazar y al entonces alcalde del municipio, Francisco Toscano, de posibles delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación
Corrupción26 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido en el Ayuntamiento de Dos Hermanas para recabar contratos, expedientes laborales y diverso material administrativo relacionado con el socialista Francisco Salazar, un dirigente muy próximo a Pedro Sánchez tanto en el PSOE como posteriormente en La Moncloa.
La operación se enmarca en una investigación judicial impulsada desde el juzgado de Instrucción número 7 de Dos Hermanas tras una querella presentada por VOX, que acusa a Salazar y al entonces alcalde del municipio, Francisco Toscano, de posibles delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación. La magistrada decidió abrir diligencias incluso antes de que se formalizara la personación de VOX como acusación popular, al considerar que existían indicios suficientes para actuar de oficio.
Según la denuncia, Salazar habría sido contratado como técnico municipal entre los años 2012 y 2017, etapa en la que, sin embargo, desarrollaba su actividad política en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. A pesar de ello, habría seguido percibiendo durante años un salario mensual de alrededor de 2.000 euros con cargo a las arcas municipales, sin prestar servicios efectivos en el Ayuntamiento.
El propio escrito judicial sostiene que el dirigente socialista apenas acudía a su puesto de trabajo en Dos Hermanas mientras avanzaba dentro de la estructura orgánica del partido. Esta situación se mantuvo hasta junio de 2017, cuando solicitó una excedencia tras su nombramiento como secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Desde ese momento, su carrera política dio un nuevo salto al incorporarse posteriormente al gabinete de Presidencia tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.
La jueza instructora rechazó un recurso presentado por la defensa de Toscano, que pretendía frenar la causa en su fase inicial. En su resolución, la magistrada subraya que existen indicios preliminares de posibles delitos y que resulta imprescindible culminar las diligencias encargadas a la UCO para esclarecer los hechos con mayor precisión.
Entre las actuaciones solicitadas figuran los contratos laborales completos de Salazar, los registros de control horario, el organigrama municipal, los ingresos percibidos durante ese periodo, sus funciones oficiales, así como informes de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. También se ha pedido un análisis patrimonial del exdirigente socialista.
Según fuentes municipales, los agentes de la UCO acudieron al Ayuntamiento hace más de un mes, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El departamento de Recursos Humanos facilitó toda la documentación requerida, incluida la relativa a la excedencia de Salazar. El actual alcalde, Francisco Rodríguez, ha asegurado que la información entregada es «correcta» y ha reiterado la total colaboración del Consistorio con la Justicia y con la Guardia Civil.
La investigación judicial se activa, además, pocos días después de que Salazar abandonara su cargo como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE por acusaciones de comportamientos machistas. Su salida se produjo en un contexto especialmente delicado para el partido, tras la implicación de otros dirigentes socialistas en distintas causas judiciales.
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