Con esta crítica, Jusapol se suma a las voces que consideran que la implantación obligatoria de la baliza V-16 no responde tanto a una mejora efectiva de la seguridad vial como a un nuevo mecanismo de recaudación indirecta que afectará a millones de conductores
Noticias Policiales02 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
La asociación de la Guardia Civil Jusapol ha criticado a través de la red social X la nueva baliza V-16 que el Gobierno hará obligatoria a partir de 2026, a la que califica como un sistema «nefasto, peligroso y negligente» para los conductores. Según la organización, lejos de mejorar la seguridad vial, se trata de una medida que encubre un nuevo coste obligatorio para millones de ciudadanos.
En su mensaje, Jusapol advierte de que este dispositivo no permitirá realizar ninguna llamada de auxilio ni alertar directamente al servicio de emergencias 112 en caso de accidente. La baliza se limita únicamente a emitir la posición del vehículo, lo que, a juicio de la asociación, la convierte en una herramienta claramente insuficiente para situaciones de emergencia real.
Desde el colectivo denuncian que se ha vendido a la opinión pública como un avance en seguridad cuando, en realidad, aseguran que no sustituye a los sistemas tradicionales de aviso ni garantiza una atención rápida. «No avisará de un accidente ni de un percance», subrayan, alertando de que muchos conductores podrían confiarse pensando que ya están protegidos con la simple colocación del dispositivo.
Jusapol sostiene además que la obligación de adquirir esta baliza supone un gasto impuesto de forma indirecta a los ciudadanos. Cada conductor deberá comprar un dispositivo homologado —con un coste estimado de varias decenas de euros— a empresas privadas autorizadas, lo que, en la práctica, se traduce en un nuevo desembolso obligatorio sin que exista una mejora proporcional del servicio de emergencia.
Según la asociación, este modelo beneficia a un número muy reducido de fabricantes y distribuidores, mientras que el coste recae íntegramente sobre los usuarios de la vía. «Es un ejemplo claro de cómo se transfiere un gasto estructural a los ciudadanos bajo la apariencia de una medida de seguridad», afirman fuentes del colectivo.
Otro de los aspectos más criticados es que la baliza V-16 depende de cobertura de red y de un sistema telemático externo, lo que, según Jusapol, genera dudas sobre su fiabilidad real en zonas rurales, carreteras secundarias o tramos con mala conexión, donde precisamente suelen producirse muchos de los accidentes más graves.
La asociación también cuestiona que se haya descartado el uso de otros sistemas más completos que sí permiten comunicación directa con emergencias, como aplicaciones oficiales o dispositivos con llamada automática integrada, que habrían ofrecido una solución más eficaz sin obligar a un gasto adicional específico.
Con esta crítica, Jusapol se suma a las voces que consideran que la implantación obligatoria de la baliza V-16 no responde tanto a una mejora efectiva de la seguridad vial como a un nuevo mecanismo de recaudación indirecta que afectará a millones de conductores a partir de 2026.
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