Impacto España Noticias
La investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) mantiene abierta en torno al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ha sumado un nuevo frente desde Sevilla, donde los agentes han puesto el foco en un pequeño bar situado en la Avenida Marie Curie.
Según la documentación policial, los investigadores intentan determinar si ese local habría servido durante años como soporte para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales vinculadas a la trama asociada a Santos Cerdán.
El establecimiento, gestionado por la sociedad La Bola Innovación SL, aparenta un negocio discreto y sin aspiraciones de crecimiento. No obstante, su evolución contable contradice esa imagen. La empresa declaró en 2023 386.997 euros de facturación, un incremento del 29%, y registró un beneficio neto superior a los 19.000 euros, tras un ejercicio previo en números rojos.
Ese salto, unido a que Fernández Guerrero asumió en junio de 2023 la administración única de la sociedad, ha llevado a la UCO a un análisis exhaustivo de tesorería, existencias, pagos y correspondencia entre actividad real e ingresos declarados.
La hipótesis policial contempla que el bar pudo funcionar como estructura para mezclar dinero legal con fondos ilícitos procedentes de sobornos. El posible uso del local encajaría con el funcionamiento general de la red investigada, que según la Guardia Civil recaudó comisiones durante años de empresas interesadas en adjudicaciones públicas.
Los fondos habrían circulado parcialmente a través de Servinabar, la constructora que logró un contrato de 72 millones de euros para la reforma del túnel de Belate y en la que trabajó el exalto cargo de Montero entre 2021 y 2023. Para los investigadores, Fernández Guerrero actuaba como «muleta» del entonces número tres del PSOE, facilitando vías opacas para recibir los pagos ilegales.
El análisis del bar coincide con otro elemento que refuerza las sospechas: el extraordinario incremento patrimonial de Fernández Guerrero desde su llegada al Ministerio de Hacienda en 2018 de la mano de la ministra María Jesús Montero. Tal y como publicó El Debate, en apenas siete años el exalto cargo ha pasado a poseer inmuebles en Madrid, Marbella y Sevilla valorados en casi cuatro millones de euros, además de otras inversiones que elevan el volumen total por encima de los cinco millones.
La magnitud del capital movilizado y la rapidez con la que efectuó estas compras entre 2018 y 2025 han despertado especial inquietud en la UCO. La documentación consultada apunta a que la mayoría de las adquisiciones se financió con hipotecas y que solo alrededor de un 10% se pagó al contado, lo que para los agentes refuerza la necesidad de esclarecer el origen de los fondos empleados.
Los investigadores analizan ahora si existe relación entre ese aumento patrimonial, su papel en la constructora Servinabar y la posible utilización del bar como mecanismo para legalizar dinero de procedencia irregular. El esquema coincide con los patrones habituales en redes dedicadas al cobro y lavado de comisiones ilegales.
Hace semanas, la Guardia Civil seguía los movimientos del exjefe de la SEPI por considerarlo parte del engranaje económico de la trama. La incorporación del bar sevillano como posible instrumento de blanqueo refuerza ese encaje. La UCO continúa cruzando datos bancarios, declaraciones societarias y movimientos patrimoniales para delimitar hasta dónde llega la implicación del exalto cargo en la red de sobornos.
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