Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha atribuido a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado denominado «Hirurok» —que significa en vasco los tres juntos— para amañar al menos cinco contratos en administraciones públicas por un importe total de 132.955.664 euros.
Los investigadores les imputan haber cobrado diversas comisiones a cambio de orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros.
El auto judicial que les ha dejado en libertad provisional, al que han tenido acceso varios medios de comunicación, recoge que los tres investigados «habrían orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». La investigación sitúa estas actividades «al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023».
El grupo habría canalizado las comisiones principalmente a través de una mercantil llamada Mediaciones Martínez SL, ahora rebautizada como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL. Los investigadores han documentado que los tres imputados crearon un grupo de WhatsApp con el nombre «Hirurok» para intercambiar estrategias y coordinar sus actuaciones.
Rescate de Tubos Reunidos
Entre las operativas investigadas destaca el supuesto amaño del rescate con fondos públicos de la empresa vasca de tubos de acero Tubos Reunidos. La compañía ha sido rescatada por un importe superior a 100 millones de euros tras esgrimir su situación financiera crítica como consecuencia de la pandemia y su carácter estratégico.
Esta ayuda millonaria fue concedida tras la polémica generada por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó 53 millones de euros y que una juez investiga por blanqueo de capitales. Según la investigación, Leire Díez y Antxon Alonso habrían realizado gestiones para conseguir este otro rescate a cambio de comisiones.
Alonso, quien es socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa instrumental Servinabar, habría percibido comisiones cuantificadas por los investigadores en 266.000 euros en el conjunto de las operaciones.
Contratos en Mercasa
Los agentes de la UCO también han rastreado la adjudicación supuestamente irregular de un contrato público de Mercasa que ascendió a 18.000 euros. Esta operación se enmarca dentro del contexto más amplio de actuaciones que los tres investigados habrían desplegado en diferentes administraciones y entidades dependientes de la SEPI.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, firmante del auto, ha revelado que «fueron hasta cinco operativas concretas, en las que los componentes de este grupo habrían desplegado sus capacidades obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diferentes administraciones públicas y entidades dependientes de la SEPI», recoge El Confidencial.
Vicente Fernández presidió la SEPI entre el 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019. Dejó su puesto al ser imputado en una causa de corrupción relacionada con la mina sevillana de Aznalcóllar, de la que ha resultado absuelto hace apenas unos días. Éste es un hombre de confianza de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Medidas de seguridad
La investigación ha concluido que el grupo operó con «la más estricta discreción y confidencialidad». «En el contexto de su actividad, se ha podido acreditar que los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones», recoge el auto judicial.
Los tres investigados han quedado en libertad provisional tras no declarar ante la Audiencia Nacional. Leire Díez ha salido de las dependencias con el rostro tapado ante los medios de comunicación congregados a las puertas del edificio.
El caso se suma a una serie de nuevos escándalos que han salpicado al entorno del PSOE en los últimos días. La investigación judicial deberá determinar ahora el alcance exacto de las actuaciones y la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en este presunto entramado de tráfico de influencias y cohecho.
La UCO ha documentado meticulosamente y en secreto cada una de las operaciones, aunque la complejidad del caso y la necesidad de recabar documentación de múltiples administraciones públicas hacen prever que la instrucción se prolongará durante varios meses. Los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevos implicados conforme avance la investigación y se analicen exhaustivamente las comunicaciones intervenidas al trío de investigados.
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