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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la figura del agente de igualdad, estableciendo que solo podrán ejercer la profesión quienes cuenten con título habilitante oficial -de grado o máster- o acrediten la experiencia o la formación requerida, durante un periodo transitorio de 10 años.
El Gobierno ha establecido que los agentes de igualdad serán los encargados del asesoramiento técnico de los protocolos antiacoso y antiviolencia hacia las mujeres y de las comisiones que evalúan los planes de igualdad de las empresas, entre otras funciones.
La regulación de esta figura es una "vieja reivindicación tanto del sector como de los movimientos feministas", según ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dado que en la actualidad ejercen esta labor una multitud de perfiles y hay bastante intrusismo, ante la falta de concreción de cuáles son sus funciones y competencias y la inexistencia de una formación homogénea.
Por ello, el Instituto de las Mujeres inició los trabajos necesarios para aprobar la regulación en 2011, pero sin concluir la tarea y el trabajo ha sido retomado esta legislatura por el Ministerio de Igualdad, junto con los ministerios de Ciencia y Universidades y de Economía.
Según datos correspondientes al 2024 del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, 273 personas demandaron empleo como agentes de igualdad y 629 personas fueron contratadas como tal, de las cuales sólo el 53% tenía estudios universitarios. Ante ello, el anteproyecto crea título universitario oficial, al que se podrá acceder a través de un grado o un máster, cuyos contenidos serán desarrollados y aprobados por reglamento.
Profesionalizar la actividad
El objetivo, según ha explicado Redondo, es "profesionalizar la actividad, poner en valor los estudios y la capacitación técnica, dar seguridad jurídica a los agentes, evitar el intrusismo y garantizar la calidad de los servicios".
Para ello, se ha establecido que entre las funciones de los agentes estarán las de analizar y diagnosticar las situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres; el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y programas que contribuyan a la reducción y eliminación de esas situaciones; o el asesoramiento a profesionales, empresas, instituciones y administraciones públicas y otras entidades en la elaboración e implantación de medidas y planes de igualdad.
El anteproyecto establece un periodo transitorio "amplio", según la ministra, de 10 años desde su entrada en vigor, "lo que va a permitir a quienes tienen formación o experiencia acreditada, poder acceder a la titulación de agente de igualdad". Se podrán acreditar quienes estén en posesión de un título de grado, de formación profesional superior o de máster en estudios de género, feministas o políticas de igualdad o quienes acrediten una experiencia mínima de tres años o cinco años discontinuos en este tipo de tareas.
"Lo que hacemos es avanzar en políticas de igualdad, porque España ha llegado a un grado de madurez que exige una titulación y formación específica para que los agentes puedan garantizar la calidad de los servicios y políticas que se están desarrollando", ha concluido la ministra.
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