Esta medida de confidencialidad ha sido decretada por un mes, y se ha notificado a la Fiscalía Anticorrupción para que ejerza su función y “informe lo que a su derecho convenga”
Investigacion Judicial18 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de la instrucción del 'caso Koldo', ha decidido iniciar una pieza separada bajo secreto de sumario respecto a la información proporcionada por el PSOE sobre sus pagos en efectivo correspondientes a los años 2017 a 2024.
Esta medida de confidencialidad ha sido decretada por un mes, y se ha notificado a la Fiscalía Anticorrupción para que ejerza su función y “informe lo que a su derecho convenga”, conforme a las resoluciones.
El magistrado subraya la “gravedad” de los hechos que se investigan y el carácter reservado de las diligencias que se están desarrollando, así como la información confidencial suministrada por el partido político. Moreno recalca que los datos involucran a cargos públicos, empleados, simpatizantes y voluntarios del PSOE, por lo que considera “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.
En este sentido, explica que la exclusión del acceso público a estas actuaciones no debe interpretarse como una limitación a la libertad de información, sino como “un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción”.
El juez remarca que esta decisión está respaldada por la finalidad exclusiva de garantizar la efectiva persecución del delito, “concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del Ministerio Fiscal”.
Entrega de documentación y 'pen drive'
El PSOE presentó recientemente al juez un dispositivo de almacenamiento USB, en el que contiene un listado detallado y justificantes de todos los pagos en metálico realizados durante el periodo señalado, dirigidos a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido.
Así consta en un acta emitida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, donde se hace constar que los socialistas entregaron “un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato 'pen drive'”, el cual fue solicitado expresamente por el magistrado para su revisión.
Contexto jurisprudencial y posibles delitos
Este procedimiento se enmarca en una decisión adoptada en noviembre pasado por el juez de la Audiencia Nacional para abrir una pieza separada que indague concretamente estos pagos en efectivo. Esta iniciativa judicial fue promovida a petición de un magistrado del Tribunal Supremo que también instruye el caso.
Se investiga la posible utilización de la carencia de controles internos en el PSOE para devolver gastos anticipados, con la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García habrían empleado esta práctica para blanquear fondos obtenidos presuntamente mediante actividades ilícitas.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apuntó a la existencia de un posible delito de desfalco contra el partido político, junto con “otras irregularidades” en el manejo del dinero.
Frente a estas circunstancias, Moreno solicitó al PSOE un listado completo de pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, así como la documentación que sustentara dichos movimientos, sin especificar más detalles para acotar la petición.
El PSOE se comprometió a colaborar con la Justicia, aunque advirtió sobre las “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” que conllevaría mostrar todos los gastos adelantados por dirigentes, empleados, militantes y simpatizantes o voluntarios, y no solo aquellos relacionados con Ábalos y Koldo.
Además, el partido solicitó que esta información se custodie en una pieza separada y secreta a la que solo tengan acceso los investigadores, el juzgado y la Fiscalía. Argumentan que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva que debe imperar en este caso.
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