Impacto España Noticias
A menos de dos semanas de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza de preseñalización V16, las dudas entre los conductores no sólo persisten, sino que aumentan. A la confusión sobre los modelos homologados o su posible uso conjunto con los triángulos de emergencia se suma ahora un cuestionamiento directo de su legalidad.
La Dirección General de Tráfico (DGT) defiende el nuevo dispositivo como una medida orientada a mejorar la seguridad vial. Según el organismo, «con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro«.
En su web oficial, la DGT detalla que la baliza V16 es «una pequeña baliza de color amarillo dotada de conectividad, capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos». Añade que incorpora una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses y que debe guardarse en la guantera para su activación inmediata en caso de avería o accidente. Al colocarse sobre el techo del vehículo, el dispositivo transmite la ubicación en tiempo real a la plataforma DGT 3.0.
La propia DGT confirma que, a partir de 2026, utilizar una baliza no conectada o seguir empleando los triángulos de emergencia conllevará una sanción de 200 euros, sin retirada de puntos. Un gasto evitable, según el organismo, si se adquiere un modelo adecuado antes de la fecha límite.
Pese a estas explicaciones, las críticas no paran de crecer, tanto por el precio de las balizas como por su visibilidad real. Asociaciones policiales han advertido incluso de posibles acciones legales si se produce un aumento de los accidentes.
En este contexto, el bufete de abogados Sparta Jurídicos, con sede en Barcelona, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que cuestiona abiertamente la base legal de la obligatoriedad. Según el despacho, «según la propia normativa es ilegal», ya que «la DGT ha reconocido que no tiene los informes obligatorios que exige la ley para poner esta baliza«.
Los abogados citan el artículo 26 de la Ley del Gobierno y el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obligan a justificar la utilidad, necesidad y proporcionalidad de cualquier norma. «Sin esos informes no se puede demostrar que la obligatoriedad de la baliza sea útil, necesaria o justa», sostienen. En su opinión, imponerla sin ese respaldo convierte la norma en «totalmente arbitraria y, por lo tanto, inconstitucional«.
El vídeo va más allá y cuestiona la propia capacidad sancionadora. «La multa por no llevar los triángulos obligatorios o la baliza V16 no está ni en las multas de tráfico. Multarte por eso viola el principio de legalidad. Simplemente está en un reglamento, y un reglamento no tiene fuerza para multarte», concluye el despacho.
En la misma línea se ha manifestado la asociación Policías por la Libertad, que ha difundido un documento de recurso para quienes hayan sido sancionados. En él, critican que el Real Decreto 1030/2022 defina la baliza como dispositivo de preseñalización cuando, según argumentan, no cumple esa función.
A diferencia de los triángulos, que se colocan a distancia para advertir con antelación, la V16 se sitúa sobre el techo del vehículo, lo que, a su juicio, impide una verdadera preseñalización en curvas o cambios de rasante. Por ello, califican su definición normativa de «fraude de ley«, prohibido por el artículo 6 del Código Civil.
Con la fecha límite cada vez más cerca, la controversia jurídica, técnica y normativa sobre la baliza V16 sigue abierta, mientras miles de conductores se preguntan si están ante una obligación incuestionable o ante una imposición que acabará en los tribunales.
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