El grueso del presupuesto —al menos el 91,7 por ciento, unos 687 millones anuales— se evapora en gastos corrientes para materiales, suministros y «otros» —sin detalles claros sobre qué se incluye dentro de dicho concepto de gasto
Inmigración Ilegal20 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
«Acciones en favor de los inmigrantes»
Dicho programa, gestionado por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destina más de 750 millones de euros anuales —exactamente 750.626.820 euros— a acciones como «la atención humanitaria a inmigrantes ilegales» que llegan a costas españolas, y a Ceuta y Melilla, así como acogida de emergencia e integral para otros inmigrantes que entran en España de manera descontrolada y solicitantes de protección internacional.
España ha recibido más de 150.000 inmigrantes ilegales acumulados entre 2023 y 2025. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior registran 56.852 en 2023, cerca de 64.000 en 2024 y al menos 35.935 en 2025. El programa prevé atender a 47.500 inmigrantes en costas cada año.
El grueso del presupuesto —al menos el 91,7 por ciento, unos 687 millones anuales— se evapora en gastos corrientes para materiales, suministros y «otros» —sin detalles claros sobre qué se incluye dentro de dicho concepto de gasto—. Esta opacidad alarma sobre el uso real del dinero público, mientras el contribuyente asume un coste superior a 14.000 euros por cada inmigrante atendido en estos tres años, considerando el total prorrogado de más de 2.250 millones de euros.
Por su parte, un total de 486 personas componen el equipo del programa. Este personal percibe más de 18 millones de euros en salarios anuales —exactamente 18.211.640 euros—, un dispendio que supera los 37.000 euros por empleado al año en promedio. En tres años, los sueldos acumulan al menos 54 millones de euros. La plantilla incluye dos altos cargos, 232 funcionarios, 186 laborales fijos y 66 eventuales.
Los contribuyentes soportan estos costes en mitad de una gran incertidumbre económica y con presupuestos prorrogados. El programa mide resultados con indicadores como beneficiarios atendidos, pero la realidad muestra una carga pesada para los servicios públicos. Este dispendio acumulado supera los 2.250 millones de euros base en tres años.
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