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El convento de las monjas agustinas situado en el Camino Viejo de Oyón (Logroño) dejará de ser un espacio religioso antes de que finalice la Navidad para convertirse en el primer centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de La Rioja. El inmueble será destinado a albergar a jóvenes procedentes de Canarias tras la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico que preside Gonzalo Capellán, del PP, que gobierna la comunidad con mayoría absoluta.
La transformación del convento implicará la retirada completa de símbolos religiosos —crucifijos, imágenes y elementos de culto—, un cambio que ha generado malestar tanto en ámbitos eclesiales como en sectores sociales y políticos. Según ha trascendido, miembros de la congregación lamentan que un lugar concebido para la vida contemplativa y la adoración pierda por completo su identidad tras el acuerdo alcanzado entre la Orden de los Agustinos y el Gobierno regional.
Desde el punto de vista económico, la operación no está exenta de polémica. El líder de VOX en La Rioja, Ángel Alda, ha denunciado que el coste de la medida alcanzará los 140.000 euros por cada menor acogido, dado que el recinto, con una superficie aproximada de 12.500 metros cuadrados, se adaptará para alojar a 17 jóvenes. En total, la adquisición del inmueble está valorada en torno a los dos millones de euros.
El Ejecutivo autonómico matiza, no obstante, que no se trata aún de una compra cerrada, sino de un alquiler con opción a compra. Así lo han señalado fuentes oficiales, aunque el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, reconoció públicamente que el desembolso final ascenderá a esos dos millones. El Gobierno regional sostiene que el gasto se cubrirá con los 3,9 millones transferidos por el Ejecutivo central para la acogida de menores.
La medida se enmarca en el contexto del reparto de menores inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez —y aceptado por el PP—, del que se prevé que 107 menas sean derivados a La Rioja. El Ejecutivo de Capellán argumenta que la decisión responde a la «incertidumbre» generada por este proceso y a la imposibilidad de mantener su actual modelo de atención individualizada tras la entrada en vigor del Real Decreto 743/2025, aprobado el pasado mes de agosto.
En el ámbito político, la iniciativa ha evidenciado tensiones internas y externas. Desde VOX se reprocha al presidente riojano que haya aceptado el reparto sin presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades gobernadas por el PP, como Aragón o la Comunidad de Madrid. La Rioja es, de hecho, la única región con gobierno popular que no ha iniciado acciones legales contra la norma.
El malestar también se deja sentir a nivel vecinal. Hasta ahora, la comunidad contaba con una red de pisos tutelados, un sistema que ya había provocado protestas en distintos puntos de Logroño. En uno de estos casos, una comunidad de propietarios del centro de la ciudad ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja la adquisición de un inmueble destinado a menores extranjeros.
Incluso el PSOE riojano ha criticado al Ejecutivo autonómico por apostar por grandes instalaciones de acogida en lugar de soluciones más dispersas. Frente a estas críticas, el Gobierno regional insiste en que actúa por imposición del Ejecutivo central y defiende que necesita «adaptar su modelo» ante la llegada de menores «sin planificación ni ordenación previa».
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