El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido autorizaciones de residencia a 1,3 millones de extranjeros entre 2018 y diciembre de 2025, según los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
A esta cifra se sumará próximamente una regularización masiva de inmigrantes irregulares, impulsada por el Ejecutivo, que podría beneficiar a hasta 800.000 personas.
El informe del OPI, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que a 31 de diciembre de 2025 había más de 7,5 millones de extranjeros con documentación en vigor, lo que supone un incremento del 4,5 % respecto al año anterior.
El crecimiento más significativo se produce en las autorizaciones de residencia, que han pasado de 2,17 millones en 2018 a 3,49 millones en 2025, un aumento cercano al 60 %.
La nacionalidad con mayor presencia entre los residentes extranjeros es la marroquí. A finales de 2025, había 862.190 ciudadanos de Marruecos con permiso de residencia, lo que supone aproximadamente uno de cada cuatro dentro de este grupo.
El Ejecutivo defiende que la llegada de población extranjera contribuye al rejuvenecimiento demográfico.
Según el informe, solo el 7 % de los extranjeros tiene más de 65 años, frente al 23 % de la población española, lo que refuerza el argumento del impacto positivo en la pirámide poblacional.
Del total de extranjeros con autorización de residencia:
El acceso habitual a la residencia se produce mediante autorizaciones temporales iniciales que, tras varios años, se transforman en permisos de larga duración.
También crece el número de ciudadanos de la Unión Europea registrados en España, que pasan de 3,27 millones a 3,8 millones, lo que supone un incremento del 16 %.
En cambio, desciende el número de británicos acogidos al régimen del Brexit, con 199.469 personas, un 7 % menos que el año anterior.
A estos datos se sumará la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno, que podría afectar inicialmente a más de 500.000 personas, ampliándose hasta 800.000 si se incluyen familiares y casos de arraigo.
Para acceder a este proceso, será necesario acreditar al menos cinco meses de estancia en España, mediante documentos como el padrón, citas médicas o contratos.
Además, desde el momento en que se presenta la solicitud, los beneficiarios podrán suspender órdenes de expulsión y acceder a derechos básicos, como el trabajo o la asistencia sanitaria.
La combinación de incremento de residencias y regularización masiva apunta a un cambio significativo en la política migratoria en España.
El debate sobre estas medidas continúa abierto, tanto por su impacto en el mercado laboral como por sus efectos en el sistema social y económico.
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