La pandemia fue, para muchos expertos, un “ensayo clínico global subsidiado por los Estados”
Salud y Bienestar08 de enero de 2026
Impacto España Noticias
La ofensiva judicial presentada por Bayer contra Pfizer, BioNTech y Moderna ante un tribunal federal de Delaware ha reactivado un debate que muchos daban por cerrado: ¿hasta qué punto el auge del ARN mensajero está construido sobre una red de licencias opacas, patentes superpuestas y aprovechamiento acelerado en plena emergencia sanitaria?
Según las demandas, las tres compañías que dominaron el mercado de las vacunas Covid-19 habrían utilizado tecnologías propiedad de Monsanto —adquirida por Bayer en 2018 por más de 53.000 millones de euros— sin permiso ni contraprestación. La acusación no es menor. Si se confirma, implicaría que parte de la plataforma tecnológica que permitió generar decenas de miles de millones en ingresos se levantó sobre propiedad intelectual ajena.
No es la primera vez. Es solo un capítulo más en una larga cadena de litigios que recorren el ecosistema del ARNm desde que la pandemia activó un mercado global inesperado.
Una industria que se enriqueció en tiempo récord
El estallido de la pandemia convirtió a Pfizer, BioNTech y Moderna en actores financieros gigantescos prácticamente de la noche a la mañana.
Entre 2021 y 2022, los ingresos combinados derivados de las vacunas Covid se acercaron a niveles sin precedentes para productos farmacéuticos lanzados en tan poco tiempo.
Para los defensores del libre mercado, esto fue un ejemplo de innovación bajo presión. Para los críticos, fue la señal de un problema más profundo: el Estado asumió el riesgo sanitario y las compañías capturaron la renta.
La ironía es evidente: mientras los gobiernos financiaban ensayos, compras anticipadas y logística, las empresas blindaban la propiedad intelectual y se resistían a liberar patentes incluso en plena emergencia global.
Las patentes como campo de batalla
Que Bayer haya entrado ahora en escena no sorprende a quienes siguen la industria. Antes de esta ofensiva ya existían disputas abiertas por diferentes piezas tecnológicas del ARNm:
Moderna vs. Pfizer/BioNTech
CureVac vs. BioNTech
Alnylam vs. Moderna, Pfizer y BioNTech
Arbutus & Genevant vs. Moderna
Estas demandas giran en torno a elementos clave como:
nanopartículas lipídicas (LNP)
optimización de la estabilidad del ARN
modificación de nucleósidos
vectores de entrega celular
Lo que emerge no es un simple conflicto jurídico, sino una constatación: el milagro del ARNm no fue limpio. No solo porque las tecnologías estaban repartidas entre múltiples actores, sino porque la pandemia aceleró el uso comercial antes de que la red de licencias estuviera resuelta.
El discurso público vs. la realidad corporativa
Durante la pandemia, las farmacéuticas se presentaron como benefactoras tecnológicas en la lucha contra un virus devastador. Sin embargo, puertas adentro se libraba una guerra muy distinta: una pugna por quién controlaría el nuevo mercado terapéutico del ARNm, que promete extenderse a cáncer, gripe, VIH, malaria y patologías autoinmunes.
Pocas veces se menciona que la industria farmacéutica opera con una lógica casi idéntica a la de los grandes monopolios tecnológicos: captura de mercado, cierre de acceso, presión regulatoria y rentas de propiedad intelectual.
La pandemia fue, para muchos expertos, un “ensayo clínico global subsidiado por los Estados”.
Ganancias privadas, costos públicos
La crítica central que numerosos economistas han formulado es clara:
El riesgo fue socializado, la ganancia privatizada.
Mientras hospitales públicos gestionaban las consecuencias de la crisis, las compañías negociaban cláusulas de indemnidad legal que las blindaban de responsabilidad por efectos adversos, retrasos logísticos o fallos de suministro.
En paralelo, las renegociaciones de contratos con gobiernos se realizaron bajo cláusulas de confidencialidad que aún hoy impiden conocer precios reales, condiciones y volumen de entregas.
Este hermetismo es incompatible con el nivel de dinero público comprometido.
La pregunta que incomoda
La entrada de Bayer en el tablero jurídico introduce una cuestión incómoda para todo el sector:
¿El éxito del ARNm fue en realidad una operación financiera construida sobre tecnología fragmentada y derechos de propiedad ignorados durante la urgencia?
Si un tribunal concluye que Bayer tenía razón, se abriría la puerta a indemnizaciones multimillonarias y acuerdos forzados. Pero más allá del litigio, el juicio social ya está en marcha.
El relato del salvador tecnológico tiene grietas
La industria farmacéutica siempre ha cultivado un discurso donde la innovación es la excusa para cualquier práctica de mercado. Pero en el caso del Covid, el contraste fue demasiado visible:
fondos públicos para desarrollo
compras garantizadas
falta de competencia
precios opacos
cláusulas legales restrictivas
captura regulatoria
expansión monopólica posterior
Una cosa es investigar, otra es convertir la emergencia sanitaria en una oportunidad de consolidación corporativa global.
El futuro del ARNm no será transparente
La batalla por las patentes apenas comienza. El ARNm se ha convertido en un nuevo petróleo biomédico y la industria no va a soltarlo. Los litigios entre gigantes muestran que la cuestión no era “salvar vidas” sino quién controlará el mercado terapéutico del siglo XXI.
El caso Bayer no revela corrupción formal en términos jurídicos, pero sí expone una dinámica estructural que recuerda a las prácticas más agresivas del capitalismo farmacéutico: presión política, captura de rentas, opacidad contractual y apropiación de conocimiento previo.
Lo más preocupante no es que existan disputas legales entre farmacéuticas. Lo alarmante es que las reglas del juego se definieron durante una crisis sanitaria global, sin supervisión pública efectiva y con consecuencias económicas que siguen pagándose hoy.
El recuento final no debería hacerse solo en tribunales, sino en términos de transparencia, gobernanza y responsabilidad democrática sobre quién controla la biotecnología que moldeará el futuro de la salud.
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