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La defensa de José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito en el que traza su estrategia procesal y solicita la comparecencia de un amplio listado de testigos, un documento redactado antes de la renuncia de su abogado Carlos Bautista y que busca rebatir las tesis de la acusación en la causa abierta.
Entre las declaraciones reclamadas figuran las de varios miembros destacados del Gobierno y de las instituciones del Estado. En concreto, el equipo jurídico pide que comparezcan el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El escrito incorpora además una relación de testigos de carácter personal y profesional. Entre ellos aparecen Víctor Ábalos, hijo del exministro; Joseba García; la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el exgerente del PSOE, Mariano Moreno; el antiguo consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo; y el empresario Claudio Rivas.
Con estas comparecencias, la defensa pretende que se esclarezcan distintos procesos de compra de material sanitario durante la pandemia.
En particular, solicita que Torres detalle la gestión realizada en la Comunidad Autónoma de Canarias y que Armengol explique las actuaciones llevadas a cabo en las Islas Baleares. En el caso de Grande-Marlaska, se pide que informe sobre los contratos y adquisiciones tramitados desde el Ministerio del Interior.
El escrito también entra a valorar el papel de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. Según la versión de la defensa, dicha sociedad únicamente habría contratado con Adif y con Puertos del Estado dentro del ámbito competencial del Ministerio de Transportes, sin que exista constancia de influencias indebidas o presiones por parte de Ábalos sobre otros departamentos del Gobierno.
En este sentido, los abogados rechazan de forma expresa la idea de que su representado interviniera o condicionara decisiones en Interior, ni del propio ministro Grande-Marlaska ni del entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Del mismo modo, niegan cualquier injerencia en las administraciones autonómicas de Canarias y Baleares, entonces encabezadas por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.
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