Impacto España Noticias
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en el caso de Leire Díez y los presuntos amaños en contratos públicos a cambio de mordidas, según informan fuentes jurídicas. El motivo de esta decisión es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún está analizando toda la "ingente" documentación incautada en la veintena de registros que practicó el pasado mes de diciembre.
Los investigadores de la UCO han iniciado esta semana el análisis del material incautado en papel durante los registros, entre el que se encuentran varios cuadernos y una agenda propiedad de Leire Díez. También intervinieron relevante documentación al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el dueño de Servinabar 2000 y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Los agentes esperan hallar indicios de corrupción en el seno de la SEPI y otras empresas públicas. Hasta ahora, atribuyen a los tres principales investigados el amaño de al menos cinco adjudicaciones públicas valoradas en un total de 132,9 millones de euros. Sospechan que por estas operaciones ingresaron un total de 750.000 euros en comisiones que después canalizaron a través de la compra de distintos bienes.
La prórroga del secreto de sumario, acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, impide que los investigados conozcan el expediente judicial y, por tanto, los detalles de los hechos presuntamente delictivos que se les atribuyen.
Los tres investigados fueron detenidos en diciembre
Cabe recordar que, cuando la UCO detuvo a Leire Díez y sus dos supuestos colaboradores el pasado 10 de diciembre, la investigación aún estaba en una fase embrionaria. Fue en verano cuando los investigadores del caso Koldo encontraron en el teléfono móvil incautado a Antxon Alonso el grupo de Whatsapp Hirurok (en euskera, "nosotros tres"), donde los tres sospechosos orquestarían los citados amaños utilizando, según la Fiscalía, su "influencia" en distintos altos cargos de la SEPI y otras empresas públicas.
Los agentes tuvieron que precipitar los arrestos después de que el expresidente de la SEPI detectara que les estaban realizando seguimientos. Ante ese incidente que ponía en riesgo las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional y el juez Antonio Piña autorizó las detenciones.
La UCO arrestó a la exmilitante socialista cuando conducía su coche en mitad de un atasco. Los detenidos fueron trasladados a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, donde permanecieron durante 72 horas. Después, comparecieron ante el magistrado Antonio Piña, que acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares. Los tres investigados tienen retirado el pasaporte y prohibida la salida del territorio nacional. Además, deben comparecer cada 15 días en sede judicial.
Hasta el próximo mes de febrero, tanto la exmilitante socialista como el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso seguirán sin conocer los detalles de los hechos que se les imputan, ya que la investigación continuará bajo secreto.
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