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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, perciben 29.104,88 euros anuales libres de impuestos del Congreso de los Diputados en concepto de gastos de alojamiento en Madrid, pese a residir en viviendas oficiales sufragadas íntegramente con dinero público, según ABC.
Ambos dirigentes socialistas mantienen su condición de diputados —Montero por Sevilla y Puente por Valladolid—, lo que les permite cobrar una indemnización mensual de 2.078,92 euros en catorce pagas, diseñada para cubrir los costes de quienes deben desplazarse a la capital. Sin embargo, ni la vicepresidenta ni el ministro asumen gasto alguno de vivienda, ya que viven en inmuebles propiedad de Patrimonio del Estado.
En el caso de Montero, se trata de una vivienda habilitada dentro del propio Ministerio de Hacienda. Puente, por su parte, reside en un lujoso ático próximo al Congreso, reformado por el Ministerio de Hacienda con una inversión pública superior al millón de euros, con materiales de alta gama y una climatización cuyo coste rondó los 200.000 euros.
La dieta que ambos cobran es totalmente exenta de tributación, amparada en la Ley del IRPF, al considerarse una cantidad destinada a gastos. La única forma legal de no percibirla sería renunciar voluntariamente a ella, algo que ninguno de los dos ha hecho, a diferencia de otros ministros que sí renunciaron a su acta de diputado.
Desde el entorno de Puente se defiende el cobro de esta cantidad alegando que «es legal y la percibe cualquier diputado elegido fuera de Madrid», y que el dinero puede gastarse «en lo que considere», no necesariamente en vivienda. Una justificación que ignora la evidente duplicidad de gastos y el agravio comparativo con millones de españoles sometidos a una presión fiscal creciente.
Según datos públicos, Montero percibe 123.994,70 euros brutos anuales, sumando su salario como vicepresidenta y las dietas del Congreso. Puente alcanza los 110.941,72 euros, también combinando sueldo ministerial y la indemnización parlamentaria libre de impuestos.
El caso del ministro de Transportes resulta especialmente llamativo: el ático donde reside —de 575 metros cuadrados, dividido en dos viviendas para Transportes e Igualdad— fue reformado tras un contrato adjudicado por 1.067.082,59 euros, con desviaciones al alza durante la ejecución. Todo ello mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a los ciudadanos y predica austeridad desde el poder.
A esta situación se suma que ambos políticos poseen múltiples inmuebles en propiedad, según sus declaraciones oficiales de bienes, lo que refuerza la crítica sobre el uso de dietas pensadas para cubrir necesidades reales y no para engordar ingresos personales bajo el paraguas de la legalidad.
Mientras tanto, los diputados cuentan además con transporte financiado por la Cámara, tarjetas para taxis y otros servicios que, en el caso de Montero y Puente, ni siquiera necesitan, al disponer de vehículos oficiales y viajes cubiertos por sus respectivos ministerios.
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