Impacto España Noticias
La justicia ha puesto el foco en varias adjudicaciones realizadas por sociedades públicas del Gobierno de Navarra durante la legislatura de María Chivite.
Una querella por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ha llevado a que un juzgado de Pamplona reclame la documentación de cuatro contratos vinculados a la reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio sufrido en 2022. Las diligencias se encuentran en fase preliminar y buscan esclarecer si se produjeron fraccionamientos indebidos para facilitar la adjudicación a una empresa concreta.
Reconstrucción del parque y adjudicaciones bajo lupa
Después del incendio que afectó gravemente a Sendaviva en junio de 2022, la gestión del parque quedó en manos de Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (Nicdo), una entidad pública dependiente del Ejecutivo foral y adscrita al área de Cultura, Deporte y Turismo. La sociedad, integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra y presidida por la jefa del Gobierno navarro, asumió tanto la recepción de la indemnización del seguro como la licitación de las obras de reconstrucción.
Entre finales de 2022 y finales de 2023 se firmaron cuatro contratos menores orientados a trabajos de rehabilitación. Todos se sitúan muy cerca del límite legal de 200.000 euros, lo que permitió adjudicarlos sin mesa de contratación y sin concurrencia obligatoria de varias ofertas, conforme a la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.
Dos de las adjudicaciones fueron firmadas el mismo día, el 15 de noviembre de 2023, por importes de 198.640 y 198.262 euros. Un mes más tarde, el 15 de diciembre, se formalizaron dos contratos adicionales de cuantía similar, alcanzando entre todos ellos un total aproximado de 792.000 euros.
Los contratos tuvieron como destino una empresa constructora de Pamplona que, según la documentación aportada a Hacienda foral, ejecutó las actuaciones en el parque natural.
El debate sobre el presunto fraccionamiento
La querella sostiene que el importe total pudo dividirse de forma artificial para evitar la licitación ordinaria y la participación de otros competidores. Según la normativa vigente en Navarra desde 2021, cuando las obras superan los 200.000 euros se debe constituir mesa de contratación y solicitar al menos cinco ofertas. La figura del contrato menor permite acelerar los procedimientos, pero impone restricciones para impedir el troceo de un proyecto unitario.
La magistrada instructora pretende determinar si existió una división deliberada del contrato global o si, por el contrario, cada adjudicación respondía a necesidades autónomas y técnicamente diferenciadas.
Vínculos políticos y trabajos en inmuebles privados
Las investigaciones han creado inquietud política por las conexiones de la empresa constructora con dirigentes socialistas navarros. La compañía llevó a cabo reformas en la sede del Partido Socialista de Navarra y también en la vivienda de Ramón Alzórriz, ex número dos del Ejecutivo navarro durante la legislatura.
La reforma del inmueble de Alzórriz —situado en una de las zonas residenciales más cotizadas de Pamplona— se efectuó en 2024 y superaría los 150.000 euros en obras. No obstante, la cuantía declarada ascendió a 38.000 euros, lo que ha generado interrogantes añadidos dentro del entorno político. El dirigente socialista renunció a su cargo el pasado junio alegando pérdida de confianza interna tras conocerse la vinculación laboral de su pareja con una empresa investigada en otro caso de presunta corrupción.
En el ámbito institucional también ha llamado la atención que un hijo del propietario de la constructora trabaje actualmente como asistente parlamentario del Partido Socialista de Navarra.
Implicados y situación procesal
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha abierto diligencias previas. Figuran como investigados el propio Alzórriz, el empresario navarro que dirige la constructora adjudicataria, así como un consejero del Gobierno foral y el exgerente del parque de Sendaviva. La instrucción tiene como objetivo determinar si hubo trato de favor en las adjudicaciones públicas o contraprestaciones privadas que pudieran encajar en los delitos denunciados.
De momento no se han formulado acusaciones formales ni existen conclusiones judiciales. Tanto los responsables públicos como los privados podrán aportar pruebas y solicitar diligencias en la causa.
Una investigación con repercusión política
El caso ha reavivado el debate sobre el control de las empresas públicas, la transparencia en la contratación y la permeabilidad entre la gestión política y los entornos empresariales locales. La posibilidad de que el procedimiento avance hacia imputaciones más sólidas o hacia el archivo marcará la evolución del clima político en Navarra durante los próximos meses.
La magistrada ha solicitado al Ejecutivo foral todos los expedientes relacionados con las adjudicaciones cuestionadas. Una vez recibida la documentación, deberá resolver si existen indicios suficientes para continuar con la instrucción o si procede cerrar la vía penal. La decisión será determinante no sólo para los cargos afectados, sino para la reputación institucional del Gobierno navarro en un momento de creciente presión sobre la contratación pública.
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