Más de 376.000 inmigrantes ilegales en España obtuvieron la «residencia legal» por arraigo

Más de uno de cada diez extranjeros en España ha regularizado su situación a través de alguna de las vías de arraigo, una fórmula administrativa que se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de «acceso a la legalidad migratoria» en los últimos años. Así lo revela el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), con datos actualizados a 30 de septiembre de 2025.

 Según el documento, 376.179 cuentan actualmente con una autorización de residencia por arraigo, lo que supone un incremento de 68.621 inmigrantes en sólo un año, un aumento del 22,3% en términos absolutos. En conjunto, estas autorizaciones representan ya el 11% del total de extranjeros con residencia legal en España.

El arraigo familiar continúa siendo, con diferencia, la modalidad más utilizada. A finales de septiembre de 2025, 252.250 personas tenían este tipo de autorización, lo que equivale al 67% del total. Le siguen el arraigo para la formación, introducido tras la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022, con 67.281 personas (18%), y el arraigo social, con 47.332 autorizaciones (13%).

La reforma normativa ha modificado el alcance del arraigo familiar. Mientras que antes incluía a familiares de ciudadanos españoles, ahora estas situaciones se regulan en un título específico. El nuevo arraigo familiar se limita a personas con vínculos con ciudadanos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza, excluyendo a los familiares directos de españoles.

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Por nacionalidades, Colombia encabeza la lista de personas con residencia por arraigo, con 97.434 casos, lo que representa el 26% del total. Le sigue Marruecos, con 60.096 (16%), y Perú, con 34.664 autorizaciones (9%).

Desde el punto de vista demográfico, la distribución por sexos es prácticamente equilibrada, con un 52% de mujeres. Sin embargo, la feminización es mucho mayor entre quienes proceden de Nicaragua (66%), Honduras (65%) y Venezuela (65%).

El informe del OPI también refleja que 197.342 personas con autorización por arraigo estaban afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un aumento interanual del 21,2% y equivale al 54% de quienes se encuentran en edad de trabajar con este tipo de permiso.

Los mayores niveles de afiliación se registran en los arraigos sociolaboral (98%), social (88%) y laboral (84%), mientras que en el arraigo familiar —el más extendido— la afiliación se sitúa en el 51%. Por sectores, los trabajadores con arraigo se concentran en hostelería (20%), actividades administrativas (14%), construcción (13%) y comercio (12%). La segregación por sexos es notable: el 95% de los afiliados en la construcción son hombres, mientras que el 92% del trabajo en hogares lo realizan mujeres.

En el ámbito territorial, Teruel y Zamora encabezan el porcentaje de afiliación, con un 67%, seguidas de Baleares, Huelva, Soria, Guadalajara y Cuenca, todas ellas con cifras en torno al 65%.

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