El Gobierno elige a los miembros de la comisión que debe esclarecer las causas de la tragedia de Adamuz

La investigación sobre el descarrilamiento de los trenes de Renfe e Iryo en Adamuz recaerá en un órgano cuyos miembros son designados por el propio Gobierno. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) será la encargada de esclarecer las causas del siniestro y contará con un plazo máximo de un año para emitir su informe definitivo, en un contexto marcado por las dudas recurrentes sobre su verdadera independencia.

El Ejecutivo defiende que la CIAF actúa con autonomía funcional y que la ley impide a sus integrantes recibir instrucciones de entidades públicas o privadas. Sin embargo, la composición del órgano investigador vuelve a situarse bajo el foco, ya que tanto su presidente como sus vocales son propuestos por el ministro de Transportes.

Aunque en los últimos años se han introducido cambios legales para informar al Congreso de los Diputados de estos nombramientos, el control efectivo del proceso sigue en manos del Gobierno.

 El Pleno de la Comisión está formado por un presidente y cinco vocales, todos ellos con un mandato de seis años y perfiles técnicos vinculados al sector ferroviario.

En el caso del presidente, el nombramiento requiere además el visto bueno de la comisión parlamentaria correspondiente, que puede emitir un veto razonado. Pese a ello, el diseño institucional mantiene al Ministerio de Transportes como actor central en la selección de quienes deberán evaluar responsabilidades técnicas tras una tragedia de gran impacto.

Esta arquitectura institucional ya fue objeto de críticas tras el accidente del Alvia en Angrois en 2013, en el que murieron 80 personas. Aquel siniestro puso en cuestión la independencia real de la CIAF y abrió un largo debate sobre la necesidad de un organismo investigador plenamente ajeno a la estructura del Ejecutivo.

El gobierno va preparando el terreno para eludir responsabilidades y apela a la emotividad en torno al accidente

Al frente de la Comisión se encuentra el presidente Ignacio Barrón, elegido en la fase final del mandato de la exministra Raquel Sánchez. Ingeniero con más de cuatro décadas de trayectoria en Renfe, asumió el cargo en mayo tras la salida de Fernando Montes. Su perfil se suma al de otros vocales con amplias carreras en empresas públicas del sector, como Renfe o Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Durante los últimos años, varios de los vocales han sido renovados o sustituidos coincidiendo con cambios en el Ministerio de Transportes. En 2024, ya bajo la dirección del ministro Óscar Puente, se designaron nuevos responsables en áreas clave como infraestructura y material rodante, reforzando la vinculación orgánica entre la Comisión y el departamento que impulsa los nombramientos.

Desde la misma noche del accidente, un equipo de la CIAF se encuentra desplegado en el lugar del siniestro. A partir de ahora, deberá solicitar información a todas las partes implicadas, desde las empresas públicas hasta el operador privado Iryo y las contratas responsables del mantenimiento del tramo afectado. Su investigación técnica será independiente del procedimiento judicial abierto en Montoro, aunque sus conclusiones podrán incluir recomendaciones en materia de seguridad.

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