Impacto España Noticias
La Fiscalía ha acordado el archivo de la denuncia presentada contra Julio Iglesias al considerar que no es competente para investigar los hechos denunciados. La resolución afecta a la acusación formulada por dos extrabajadoras del cantante, que le atribuyeron presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas supuestamente cometidos en República Dominicana y Bahamas.
La decisión del Ministerio Público supone el cierre de la vía judicial en España, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.
Hechos denunciados fuera de España
Según consta en el decreto de archivo, los hechos relatados en la denuncia se habrían producido íntegramente fuera del territorio español, en países donde la jurisdicción española no resulta aplicable salvo en supuestos muy concretos que, según la Fiscalía, no concurren en este caso.
Por este motivo, el Ministerio Público considera que carece de competencia territorial para impulsar una investigación penal contra Julio Iglesias por los hechos denunciados.
Denuncia de dos extrabajadoras
La denuncia fue presentada por dos mujeres que trabajaron para el cantante, quienes le acusaron de haber cometido presuntos delitos de naturaleza sexual y de trata durante su etapa laboral en propiedades situadas en el Caribe.
Las acusaciones generaron una notable repercusión mediática, al afectar a una figura pública de proyección internacional y reabrir debates sobre la persecución penal de delitos cometidos fuera del país.
Archivo sin entrar en el fondo
Fuentes jurídicas subrayan que el archivo decretado por la Fiscalía no implica una valoración sobre la veracidad o falsedad de los hechos denunciados, sino exclusivamente una decisión basada en criterios de competencia jurisdiccional.
El Ministerio Público no ha realizado diligencias de investigación sustantivas ni ha evaluado pruebas, al considerar que el asunto no corresponde a los tribunales españoles.
Posibles vías alternativas
El archivo en España no impide que las denunciantes puedan acudir a las autoridades judiciales de los países donde supuestamente ocurrieron los hechos, si así lo estiman oportuno y conforme a la legislación local.
Expertos en derecho internacional recuerdan que la persecución de delitos transnacionales exige cooperación judicial entre Estados, así como el cumplimiento de requisitos estrictos para activar la jurisdicción universal.
Presunción de inocencia
Desde el entorno jurídico se insiste en que Julio Iglesias mantiene plenamente su presunción de inocencia, al no existir procedimiento penal abierto contra él en España tras el archivo acordado por la Fiscalía.
Dado que el cantante ni siquiera reside actualmente en su tierra de origen (uno de los lógicos argumentos de su equipo defensor), la resolución de la justicia española resulta bastante obvia y previsible. Sin embargo, los referentes de la izquierda que cargaron todas sus tintas contra el músico ahora dicen que la causa fue archivada por el «poder» de Iglesias y de su clan defensor de «la derecha».
Por cómo se dio la noticia en los medios de comunicación (con un portal sensacionalista que incluso compró los derechos de la denuncia para «compartirla» con los que la fomentaron), todo parecería indicar que lo primordial nunca pasó por los tribunales.
Lo relevante parece haber sido lo que sucedió en los medios de comunicación, que lógicamente tuvo su impacto en la política con los voceros de un feminismo mal entendido, que callan cuando las denuncias apuntan a varones que militan en la izquierda y el «progresismo».
Lo curioso de estos casos –que tendrían que ser analizados desde la imparcialidad y objetividad, para determinar realmente si hubo o no un abuso– es que los elementos de la sociedad más politizada terminan tomando partido. A veces, hasta casi como si se tratara de un clásico de fútbol.
En este caso del Real Madrid contra el Barcelona. Apenas el escándalo llega a los portales (en este caso una denuncia de «tocamientos» y «abusos»), los representantes de la izquierda salen a la cancha a rasgarse las vestiduras y los protagonistas de cada historia ya tienen detractores y defensores a priori.
Ante estos casos, lo que nos choca a los que no militamos en la izquierda feminista –que considera que el varón es un agresor sexual en potencia– es que las acusaciones no se relacionan con la culpabilidad o inocencia y de víctimas y victimarios, sino de una colectivización de género. Como si fuera poco, los izquierdistas españoles (que en realidad son idénticos a sus pares de otros países) parecen elegir un formato de malvado ideal.
Cuando se dan las circunstancias, una acusación pública parece resultar análogo a una condena judicial, por la picadora de carne a la que se pone a determinadas personas ante denuncias particulares. Como sucedió con el actor argentino Pablo Rago, muchas veces se determina la completa inocencia de los acusados y los temas simplemente desaparecen del debate público, sin ningún resarcimiento a quien fuera acusado falsamente.
Ahora, con la denuncia archivada en España, la izquierda acusadora se aferra de algo insólito para seguir arremetiendo contra el intérprete de Soy un truhan, soy un señor: Como Iglesias y su equipo difundieron mensajes de las denunciantes, donde no parecería haber un correlato con las acusaciones, ahora dicen que el cantante habría incurrido en otro delito. El de exponerlas con sus nombres públicamente. Insólito.
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