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Apenas once días después de materializar un paquete de traspasos con un total de cinco competencias, el lehendakari Imanol Pradales ha arrancado a Pedro Sánchez un compromiso para cerrar un acuerdo política de cara a la cesión de la gestión de los aeropuertos vascos. El acuerdo es que antes de Semana Santa, en dos meses, se llegue a un pacto político para que esta materia "quede cerrada definitivamente", según ha anunciado Pradales en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa.
Tras el acuerdo político, según fuentes del ejecutivo vasco, se buscará el encaje técnico que culmine en la comisión mixta de traspasos. Para ello, se ha fijado para finales de marzo una Comisión Bilateral de Cooperación. Asimismo, se ha agendado otra de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abrir la negociación de cara a actualizar la ley quinquenal del cupo vasco.
Fuentes de Moncloa reconocen que ceder la gestión de los aeropuertos es un asunto de "enorme complejidad", de ahí que hablen incluso de "cogestión". Principalmente, según avisan, por la relevancia del capital privado en Aena. De ahí que apunten a que el gobierno vasco ha puesto sobre la mesa unas peticiones de máximos y confían en rebajarlas. Esta demanda, de hecho, no es nueva y está asimismo en el punto de mira de la Generalitat de Catalunya.
Es más, recientemente en el marco de un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, este pasado 15 de enero, Maurici Lucena, presidente de AENA, aclaró que “la cesión de parcelas o la transferencia de aeropuertos a terceros por acuerdos políticos, por mucho que quisiera imponer en el consejo de administración, serían nulas de pleno derecho”, a pesar de que el Estado controle el 51%.
El lehendakari ha puesto también sobre la mesa de Pedro Sánchez reclamaciones en materia de inmigración. El objetivo es contar con más competencias propias en esta materia y que Euskadi sea declarada 'Frontera Norte'. "No tenemos herramientas para gestionar como se merece este fenómeno, reclamamos capacidades políticas propias", ha reivindicado Pradales.
El reconocimiento del estatus de 'Frontera Norte' supondría recursos adicionales y capacidades de interlocución con el gobierno galo, ante la realidad de que este territorio atiende a personas en tránsito hacia Europa. "Somos un punto de paso a los dos lados de los Pirineos", ha justificado el lehendakari.
En este punto, fuentes del Gobierno avanzan que es más sencillo llegar a un acuerdo y recuerdan que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya lo propuso durante la última reunión de la Conferencia de Presidentes, pero lo bloquearon los presidentes del PP. En materia de seguridad se ha reclamado más cooperación de las fuerzas de seguridad del Estado con la Ertzaintza en lo referente a la coparticipación en las expulsiones.
El Gobierno central ya pactó con el vasco el pasado 16 de enero un nuevo paquete de traspasos, que en esta legislatura suman una docena. El más importante el de las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, una histórica demanda a la que se había resistido el Ministerio de Trabajo y que convierten a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas.
Se traspasaron además las prestaciones relativas al cuidado familiar, junto a salvamento marítimo, seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo. Con todo, quedan pendientes un total de 16, pues el acuerdo de investidura con el PNV se compromete a transferir todas las competencias propias recogidas en el estatuto de Gernika. El plazo para ello se había fijado a finales de 2025, por lo que irían con retraso.
Ante el incumplimiento de los plazos marcados, el lehendakari Imanol Pradales se precipitó en poner deberes y exigir la gestión de los aeropuertos vascos a la par que se firmaba el acuerdo en la comisión Mixta. Aena ya anticipó su oposición a que Euskadi gestione los aeropuertos, como han vuelto a reclamar con fuerza las formaciones independentistas catalanas.
Sánchez busca atar a los socios
A los gestos con el PNV, se suman otros para intentar retener a socios como ERC y Podemos en un momento de debilidad parlamentaria para el Gobierno de coalición en minoría. Este mismo lunes, se selló un acuerdo con Podemos para activar un proceso extraordinario de regularización de hasta medio millón de migrantes. Con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pactó la reforma del modelo de financiación. Uno de los principales compromisos que quedaban pendientes con los republicanos, pero que no se completará hasta desbloquear la recaudación del IRPF.
El acuerdo con Podemos abre la puerta a avanzar en otro de los acuerdos con Junts atascados en el Congreso, la delegación de competencias en inmigración. El rechazo de Podemos hizo que decayese la iniciativa que impulsó el PSOE, pero ahora los morados dicen estar dispuestos a negociar de cara a poder levantar su veto.
En el Ejecutivo reconocen que la ruptura de relaciones con los posconvergentes dificulta acelerar esta carpeta. “Necesitamos mayoría y trabajamos en ello”, conceden fuentes de Moncloa que además señalan como un “gesto” positivo la disposición de Podemos a negociar.
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