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El Tribunal de Cuentas ha admitido la personación del Grupo Popular de la Diputación de Badajoz en la causa contable que echa andar para que David Sánchez reintegre lo percibido por su puesto de alta dirección en el ente pacense.
El máximo órgano fiscalizador ha dado luz verde a que los populares se personen en las actuaciones, según consta en una diligencia de ordenación. El objetivo es que el hermano del presidente del Gobierno reintegre el salario que percibió por su puesto de alta dirección que mutó en 2022 a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. El fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz –que condenó al músico a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa–, abrió la puerta a recurrir a la vía contable por la responsabilidad civil derivada de los hechos.
Ahora bien, determinó que únicamente están legitimados para solicitar estas cuantías tanto la Diputación de Badajoz (por ser la que abonó su sueldo) y la Fiscalía. Sin embargo, y como informó este medio, el ente que presidía Miguel Ángel Gallardo se opone a reclamar las cuantías abonadas tanto a David Sánchez como a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa a quien el músico enchufó en el ente.
La Diputación que ahora preside la también socialista Raquel del Puerto asegura que "no existe un concreto menoscabo en los fondos públicos" con los 340.572,36 euros pagados a David Sánchez y los cerca de 86.988 euros percibidos por Carrero. Según indicó, las retribuciones devengadas a Carrero y al hermano del presidente del Gobierno "guardaron correspondencia con los servicios efectivamente prestados y con las funciones desarrolladas".
Además, precisó que la eventual existencia de "irregularidades administrativas" no basta determinar la responsabilidad contable de los condenados; sin olvidar que la sentencia de la Audiencia de Badajoz del pasado 14 de julio no es firme y que habría que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva los recursos para actuar.
Sin embargo, los "populares", que ejercen la oposición en la Diputación pacense, consideran que el hermano del presidente del Gobierno debe retribuir el salario percibido entre 2017 y 2025 tras su condena. Por eso se personan ahora en el proceso contable que arrancó a instancias de Abogados Cristianos y al que se unieron Iustitia Europa o Hazte Oír, todas ellas acusaciones populares en el procedimiento penal.
Desde Abogados Cristianos sostienen que se habrían "dilapidado" más de 427.000 euros, ya que, al salario de Sánchez y de Carrero se suman los gastos del proyecto "Ópera Joven"; en concreto, de la producción "La Paz Perpetua" que, según indican, se sufragó con un coste publicado de 128.000 euros, frente a los 2.000 euros recaudados. La asociación sostiene que, ante la «inacción» de la Diputación de Badajoz y de la Fiscalía para recuperar estos fondos públicos; corresponde a las acusaciones populares recuperar los montos percibidos.
"Pese a la contundencia de los hechos probados, que evidencian un gravísimo menoscabo a los fondos públicos, ninguna de estas dos instituciones ha ejercido dicha acción. La inacción deliberada de la Diputación de Badajoz (cuyas autoridades permitieron el menoscabo) y la dejación de funciones del Ministerio Fiscal a la hora de proteger el erario público, nos obligan, como Fundación que vela por la legalidad, a dirigir esta acción contra ambas instituciones para obligar a la restitución de las cantidades indebidamente percibidas", reza un escrito de Abogados Cristianos recientemente remitido al proceso contable.
Frente a la negativa de la Diputación a recuperar los fondos, la Fiscalía, ha pedido que se ponga en marcha el proceso contable "para que se practiquen las diligencias" que contempla la ley. No obstante, no ha precisado qué diligencias propone ni tampoco se ha pronunciado expresamente sobre la recuperación de los fondos retribuidos.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Badajoz consideró probado que existió "un plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación" para crear "urgentemente" una plaza pública "innecesaria y vacía de contenido" para beneficiar al hermano del entonces secretario general del PSOE. Además, denunció el cambio de nomenclatura por el que se le ascendió a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas.
«Supuso una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo con el propósito de adaptarlas a sus apetencias personales, dotándole de cuantiosas partidas presupuestarias al efecto», concluyeron los magistrados. De Carrero dijeron que se le «enchufó» en la Diputación por ser un «colaborador» de David Sánchez.
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