La plataforma que empujó la regularización masiva de inmigrantes irregulares, ligada a la ONG más financiada por la fundación de George Soros

El decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular ha situado de nuevo la política migratoria en el centro del debate público en España. Defendido por el Gobierno como una respuesta humanitaria y pragmática a una realidad social consolidada, el proceso ha estado precedido por una intensa campaña de presión política y mediática impulsada por plataformas activistas.

 Sin embargo, el análisis de las organizaciones implicadas, de sus dirigentes y de sus fuentes de financiación revela un entramado de relaciones que ha generado interrogantes sobre la influencia de redes internacionales en decisiones de soberanía nacional.

En el epicentro de esta movilización se encuentra la plataforma “Regularización Ya”, que desde hace años ha encabezado campañas, recogidas de firmas y acciones públicas a favor de una regularización masiva. Su capacidad de interlocución con partidos políticos y su visibilidad institucional la han convertido en un actor clave en el impulso del decreto acordado entre el Gobierno y Podemos el pasado 26 de enero.

“Regularización Ya” y su entorno organizativo
Aunque “Regularización Ya” se presenta como un movimiento ciudadano surgido desde la base social, su estructura y proyección han despertado la atención de analistas y críticos. La plataforma no detalla públicamente de forma exhaustiva sus fuentes de financiación, lo que ha llevado a examinar las entidades y organizaciones con las que mantiene vínculos operativos y personales.

Entre los nombres que aparecen de forma recurrente en este entorno figura Seinou Diop, uno de los portavoces más visibles de la plataforma, habitual en actos públicos y foros de debate sobre inmigración. Diop ha participado en eventos organizados por diversas ONG y centros de análisis que reciben financiación de grandes fundaciones internacionales.

Uno de los nodos más relevantes de este entramado es la organización PorCausa, dedicada al periodismo y análisis sobre migraciones. La entidad está dirigida por Gonzalo Fanjul, una figura destacada en el ámbito del análisis político y social, que también dirige el área de análisis de ISGlobal, un instituto de salud global con respaldo financiero de la Open Society Foundations (OSF), la red filantrópica impulsada por el multimillonario George Soros.

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PorCausa ha recibido financiación de Open Society Foundations, un dato que consta en informes públicos de la propia fundación. La organización ha promovido narrativas favorables a la regularización y ha organizado encuentros y jornadas formativas sobre periodismo migratorio, en los que han participado activistas y representantes de plataformas como “Regularización Ya”.

En uno de estos encuentros, celebrado en Mérida, Gonzalo Fanjul compartió espacio con Dora Hardy, responsable del Programa de Inmigración de Open Society Foundations, y con el propio Seinou Diop. Para los críticos del decreto, este tipo de coincidencias ilustra la cercanía entre activismo, análisis político y estructuras financiadas por OSF.

Periodismo, activismo y conflicto de intereses
El debate se intensificó tras la publicación de artículos internacionales favorables al acuerdo de regularización, firmados por periodistas especializados en inmigración que, además, forman parte de organizaciones financiadas por Open Society. Uno de los nombres señalados es el de José Bautista, periodista y miembro de PorCausa, cuya implicación en actos y campañas pro-regularización ha sido interpretada por algunos sectores como un posible conflicto de intereses no explicitado.

Este cruce entre activismo, producción de contenidos y cobertura informativa ha alimentado las críticas sobre la falta de separación entre análisis, militancia y periodismo, especialmente en un asunto de alta sensibilidad política y social.

El papel del Fondo de Mujeres Calala
Otro actor relevante mencionado por analistas es el Fondo de Mujeres Calala, una asociación de carácter transfeminista que figura entre las principales receptoras de financiación de Open Society Foundations en España. Según diversas investigaciones, esta entidad habría participado en el apoyo al desarrollo digital y organizativo de “Regularización Ya”.

Aunque el Fondo de Mujeres Calala no define su actividad principal en torno a la política migratoria, su implicación indirecta ha reforzado la percepción de que la plataforma se inserta en una red más amplia de organizaciones alineadas con los principios de “sociedades abiertas” promovidos por George Soros.

Críticas y acusaciones de influencia externa
Analistas como Andréi Kononov han señalado que estas conexiones revelan una estrategia de influencia que va más allá del activismo local. Desde esta perspectiva, las fundaciones vinculadas a Soros operarían mediante la financiación de ONG, centros de análisis y plataformas sociales para promover políticas favorables a la movilidad global y a la regularización masiva de inmigrantes.

Los detractores del decreto sostienen que este modelo de actuación erosiona la soberanía migratoria y condiciona el debate democrático, al imponer marcos narrativos que presentan determinadas políticas como inevitables o moralmente incuestionables.

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La respuesta institucional
Desde el Gobierno se rechazan estas acusaciones y se insiste en que la regularización responde a criterios humanitarios, económicos y administrativos. El Ejecutivo defiende que la medida permitirá regularizar empleo sumergido, mejorar la recaudación fiscal y garantizar derechos básicos a personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

No obstante, incluso entre sectores favorables a la regularización, ha emergido una demanda creciente de mayor transparencia sobre la financiación de plataformas activistas y sobre la influencia de actores internacionales en el diseño de políticas públicas.

Un debate que trasciende la inmigración
Más allá del caso concreto de la regularización, la polémica pone sobre la mesa una cuestión de fondo: el papel de grandes fundaciones filantrópicas, como Open Society Foundations, en la configuración de agendas políticas nacionales. Para algunos, su intervención constituye una aportación legítima al progreso social y a la defensa de los derechos humanos; para otros, representa una forma de injerencia que condiciona la deliberación democrática.

Con el decreto ya aprobado, sus efectos económicos y sociales serán evaluados en los próximos años. Pero el debate sobre quién influye en las decisiones políticas, con qué recursos y con qué grado de transparencia, seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión pública en España.

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