Los detractores del decreto sostienen que este modelo de actuación erosiona la soberanía migratoria y condiciona el debate democrático, al imponer marcos narrativos que presentan determinadas políticas como inevitables o moralmente incuestionables
Sergio Cebolla, quien sostiene que detrás del escándalo existiría una operación coordinada promovida por una red de organizaciones vinculadas al magnate George Soros
En su página oficial, Caribe Afirmativo detalla que sus «aliadxs» principales son la Open Society Foundations, la AECID, el PNUD y la AEXCID, lo que sitúa a España como uno de los principales financiadores del entramado
Gobiernos en Europa del Este lo han acusado de interferir en procesos democráticos, impulsar agendas ideológicas ajenas y ejercer un poder político paralelo
El presidente Donald Trump denunció: “George Soros y su maravilloso hijo, de la izquierda radical, deberían ser acusados bajo la ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo EEUU”
El mensaje del mandatario republicano resalta que las donaciones de Soros no responden a actos de solidaridad, sino a un tipo de filantropía progresista que se apoyaría en la criminalización
El objetivo sería reclamar una indemnización por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, una cuantía que, según esas mismas fuentes, podría alcanzar los 200 millones de dólares
Las declaraciones, pronunciadas en un tono especialmente duro, han intensificado el enfrentamiento político y han reabierto el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno, el uso de los recursos públicos y el papel de la comunicación institucional
Uno de los coches de Aldama recibió tres disparos de bala. Se trata de un Audi A8 blindado que estaba aparcado cerca del Paseo de la Castellana. El empresario se dio cuenta al día siguiente, pero como en esta ocasión prefirió no denunciarlo ante posibles «represalias»
Al igual que el separatismo catalán quiere hacer valer sus votos en España sobre las instituciones europeas, Bildu quiere hacer lo propio y borrar el rastro de los asesinos que, durante más de cinco décadas, sembraron el terror en España con más de 800 asesinatos
Las adjudicaciones recayeron en personas vinculadas al entorno político y profesional de la formación morada. Entre ellas figura Elena P., exresponsable de Igualdad en Podemos-Aragón y trabajadora del grupo parlamentario en las Cortes autonómicas