Personajes como Sánchez adoptan la retórica de Maduro, demostrando no sólo qué han perdido el favor popular, sino qué están dispuestos a destruir lo más sagrado de la democracia para no perder el pode
Nacional07 de febrero de 2026 G.I, Karina Mariani
Luego de perpetrar un descomunal fraude chapucero, el ex dictador venezolano Nicolás Maduro se proclamó ganador de las elecciones de 2024. En Venezuela, Maduro era amo y señor de la conversación pública, pero no podía regir sobre las denuncias de fraude que circulaban en las redes sociales, entonces dijo: «Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las reglas de la propia red social», y alegó que X incitaba al odio, y algunas otras acusaciones de rutina. Luego, decidió «retirar de circulación en Venezuela la red social X».
Lo que hizo Maduro entonces, no es más que la reacción natural de un dictador: cuando no puede controlar el discurso, lo cierra bajo algún pretexto tan falsario como buenista: proteger el orden, a los niños, a la paz, a la salud mundial, o los consabidos pretextos genéricos de combatir el odio o defender la democracia. Lo inquietante es que hoy, en Europa, gobiernos democráticos están replicando exactamente la misma retórica y las mismas estrategias. Y Pedro Sánchez, desesperado como estaba Maduro en 2024, encabeza la avanzada totalitaria.
Pero esto no empieza con el tiranuelo español.
Hace no muchos años, un ambicioso proyecto de ingeniería social se propuso rehacer Europa según los preceptos y valores de la ideología progresista. Lo hizo de espaldas a su población, confiado en que el resultado sería una utopía ejemplar. Pero rápidamente esa utopía se estancó, el malestar aumentó y cualquier intento de deshacerla significaba una creciente tensión social, y el fin de las carreras de los políticos que forzaron este fallido rediseño europeo. Entonces, en lugar de rectificar, se optó por dos estrategias complementarias de supervivencia: la censura y la manipulación demográfica.
En 2015, Europa comenzó a experimentar una ola de inmigración masiva cuyo impacto provocó una crisis que está lejos de remitir. El apoyo a los partidos de derecha se ha extendido rápidamente por todo el continente debido principalmente a los estragos de la inmigración descontrolada, tanto legal como ilegal, acompañada por un sistema creciente de beneficios y subsidios estatales a estos nuevos inmigrantes que quebró economías, sistemas de protección social y de seguridad pública. Tal fue este impacto que actualmente, los votantes de todo el continente, exigen con vehemencia el control de las fronteras de sus países.
Pero el presidente del Gobierno español no puede permitirse salir del poder debido a este cambio de humor electoral. Está en apuros, le llueven las denuncias, los juicios, los escándalos nacionales e internacionales, los papelones, los compañeros de fechorías presos. Fuera del poder su destino más seguro es terminar entre rejas como sus compañeros de ruta.
Se sabe acorralado y sólo le queda huir hacia adelante, así que ha decidido abrir de par en par las fronteras de su país para conservar su alianza de gobierno, lo que significa abrir, por extensión, las fronteras de toda Europa. Sánchez utilizó un real decreto para eludir la intervención del Parlamento y otorgar la residencia legal a medio millón de inmigrantes irregulares con una amnistía que estará vigente hasta mitad de año, pero se sabe que la cifra de los beneficiarios será significativamente mayor.
La estrategia de Sánchez puede obtener el apoyo de ciertos líderes religiosos; de artistas, médicos, periodistas de la banda «sin fronteras»; de ONG, pero no de los pobres españoles y o del resto de los europeos que vienen demandando políticas en sentido contrario.
Pero el deseo de los votantes está lejos del de las élites institucionales. Esta es la clave por la que, habiendo emprendido caminos paralelos de inmigración masiva, Gran Bretaña, Francia y España, entre otros, ahora están convergiendo en la estrategia chavista: encubrir las consecuencias de sus acciones y cerrar los espacios en los que podrían discutirse. Es por eso que actualmente, las autoridades europeas atacan con furia la libertad de expresión en las redes sociales.
Tras aprobar este demencial plan inmigratorio (con ulteriores fines electorales como anunció públicamente su socia Irene Montero), Pedro Sánchez anunció planes para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Pero fue aún más lejos, pretende imponer a las empresas que implementen sistemas efectivos de verificación de edad, con “barreras reales que funcionen”, según proclamó durante un discurso en una Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái.
Para mayor abundamiento, el Gobierno español ha acusado al dueño de la red de mensajería Telegram, Pavel Durov, de intentar socavar las instituciones democráticas después de que el empresario criticara los planes de censura de Sánchez y lo expusiera públicamente en un mensaje directo a los usuarios españoles. La extraordinaria intervención de Durov se produjo un día después de que Elon Musk llamara al primer ministro español, Dirty Sánchez, y lo acusara de ser un totalitario traidor a su pueblo.
En un mensaje general enviado a todos los usuarios de Telegram en España, el pasado miércoles por la tarde, el empresario tecnológico ruso acusó al Gobierno de Sánchez de impulsar nuevas regulaciones peligrosas que podrían convertir a España en un estado de vigilancia y afirmó que el proyecto sentaría un precedente para el rastreo de la identidad de todos los usuarios, abriendo la puerta a la recopilación masiva de datos.
Con la prohibición propuesta, España se pone a la vanguardia del creciente grupo de países que endurecen sus políticas para restringir el acceso al debate y la información libre. Pero la prohibición española se incluye en un paquete más amplio de medidas que, según Sánchez, son necesarias para recuperar el control del espacio digital. Esto incluye una propuesta legislativa para responsabilizar legalmente a los directivos de redes sociales por el contenido ilegal compartido en sus plataformas, y criminalizar la manipulación de algoritmos.
En un alarde de optimismo, Sánchez sostuvo que su (menguante y probadamente ineficaz) Gobierno sería capaz de investigar los algoritmos que amplifican la «desinformación· con fines crematísticos. El líder español también propuso acabar con el anonimato en las redes sociales, mientras su ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido vetar las plataformas digitales y ha pedido abrir formalmente el debate sobre la presencia en ‘X’ de las cuentas oficiales.
Curiosamente, Rego ha defendido al mismo tiempo la ampliación del derecho a voto a los 16 años, lo que implicaría que un ciudadano de esa edad tendría madurez para votar pero no para mirar Instagram o X. Por un momento y aunque parecía imposible, Rego logró opacar la insensatez de su jefe.
Mientras tanto, en Francia la policía allanó la sede de X en París como parte de una investigación para proteger a los menores frenando los «deepfakes». Sin embargo, la investigación se desencadenó por la queja de un diputado del partido de Emmanuel Macron, porque X había “reducido la diversidad de voces”, una denuncia incomprobable y descaradamente política.
Finalmente, en Gran Bretaña, la Oficina del Comisionado de Información inició una investigación sobre «deepfakes en X», y la Secretaria de Tecnología, declaró que el Gobierno dará su «pleno respaldo» al organismo de control para bloquear el acceso al sitio en el Reino Unido.
Esta dinámica, donde el ritmo de la regulación se ve superado por el de la innovación, ofrece una magnífica vidriera para mostrar la directa proporcionalidad entre la maldad y la ignorancia de los mandatarios a la hora de perseguir el control sobre lo que los ciudadanos dicen y piensan. Recientemente, Australia ha dado sobradas muestras de esa poderosa combinación.
X, y antes Twitter, es el foro público más destacado de la vida política. Si se lograra controlar o censurar determinados temas o agendas, mantenerlos fuera de la vista de los usuarios, o amenazar a las personas por expresarse, se podrá manipular el discurso político y evitar el escrutinio sobre las acciones de gobierno, e incluso sobre la transparencia en las elecciones.
Antes de Musk, la censura interna de X protegía a la agenda de izquierda, por ejemplo en cuestiones de inmigración. Esto contribuyó a encubrir los peores abusos del wokismo. La nueva X da vía libre a las opiniones y como era de esperar, los políticos cuya ideología consistía en rediseñar a Europa desearían que las cosas volvieran a ser como antes. Pero ya no pueden tapar el Sol con una mano, es decir, pueden, pero no democráticamente ni en el marco de los derechos humanos que tanto invocan.
Este oscuro momento chavista de Europa se desespera por adoptar el manual iliberal, en pánico por su incapacidad para controlar el discurso público en la era digital. Cualquier iniciativa, por coercitiva que sea, la presentan como una defensa heroica de la «democracia» contra los malvados oligarcas tecnológicos. Los incautos aplauden a los políticos que prometen “responsabilizar a las redes sociales” por todos los males del mundo, sin pensar qué significa realmente eso en la práctica.
Pero no serán Durov ni Musk las víctimas de esta tiránica deriva. El objetivo principal son los millones de usuarios comunes de Europa, que critican los temas que incomodan a los gobiernos, especialmente en un momento de incertidumbre geopolítica y cambios electorales.
Las propuestas como las de Sánchez constituirán una de las medidas más severas contra la libertad de expresión que el continente ha visto desde los años más oscuros del siglo pasado. Pero además contribuirán a la debacle económica y tecnológica de la región, ya que las empresas evitarán operar en Europa si sus ejecutivos se arriesgan a ir a prisión o los funcionarios públicos invitan a los fiscales a abrir investigaciones cada vez que surge contenido que los molesta.
Criticar las decisiones políticas es la esencia misma de la libertad de expresión. Enmarcar dichas críticas como un ataque a la democracia o al orden, implica que, las políticas, prioridades y acciones de los mandatarios deberían quedar al margen del escrutinio, como si tuvieran un escudo contra la disidencia, tal cual lo soñó Maduro. Esta visión representa el fin del pluralismo, el control al poder y la esencia de los principios republicanos, dando al tirano la facultad de decidir a qué ideas e información pueden acceder los ciudadanos.
Los gobiernos no están indefensos ante las redes sociales, y los políticos cuentan una enorme amplificación de su discurso. La verdadera molestia es que en las redes sociales reciben retroalimentación, dando por tierra con el privilegio de una comunicación autoritaria, unidireccional y vertical.
Por eso ahora, personajes como Sánchez adoptan la retórica de Maduro, demostrando no sólo qué han perdido el favor popular, sino qué están dispuestos a destruir lo más sagrado de la democracia para no perder el poder. Al final, Sánchez y Maduro comparten el mismo terror, que consiste simplemente en la libertad de un ciudadano con un móvil en la mano.
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