La asociación Acció Cassandra, una suerte de Manos Limpias independentista, ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès por homicidio imprudente y delito contra la seguridad colectiva contra los responsables técnicos y directivos de Renfe y ADIF, así como contra los cargos políticos responsables de la financiación y la supervisión de las infraestructuras ferroviarias, como son el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente actual de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
La entidad explica que «están pendientes de poder ejercer de acusación popular» en dicha causa. La instrucción penal está abierta en el juzgado de Vilafranca desde que la jueza de guardia se desplazó al lugar donde tuvo lugar el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gélida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención para levantar el cadáver de uno de los maquinistas (Fernando Huertas, en prácticas y única víctima mortal del siniestro) y obtener informaciones iniciales sobre los hechos.
A este respecto, no dudan de que es «muy improbable la inadmisión» de su querella, dado que ya está bajo investigación judicial. La experiencia demuestra que las querellas contra los máximos dirigentes políticos no suelen prosperar en accidentes de esta índole, como tampoco sucedió en catástrofes como la dana o la pandemia.
«Homicidio imprudente»
En su querella sostienen que existen indicios de que el desprendimiento no fue un episodio inevitable «de causa meteorológica extrema». Todo lo contrario. Consideran que fue un riesgo previsible que podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado de la infraestructura. En consecuencia, afirman que se podría haber incurrido en un delito de homicidio imprudente, lesiones y contra la seguridad colectiva.
Acció Cassandra basa parte de su querella en las advertencias por escrito que formuló el sindicato de maquinistas Semaf del riesgo de obstáculos —como caída de árboles en las vías— el mismo día del accidente. Insisten en que había críticas sostenidas en el tiempo por la «falta de mantenimiento preventivo en taludes y muros».
Solicitan a la juez que investigue si se ha producido una infracción sistemática de las obligaciones de mantenimiento y de las normas de seguridad ferroviaria en el marco de una infrasubvención de la red de Rodalies.
Como informó este periódico, desde el mismo día del accidente las principales plataformas de usuarios afectados cuestionaron que fuera un accidente puntual debido a las condiciones climáticas o al azar. Al contrario, aseguraron que se trataba de una degradación estructural que afectaba a toda la red. Posteriormente, durante más de diez días se sucedieron incidencias y fallos en todo el servicio, afectando incluso a la imagen de «gestor» del Gobierno del PSC.
«Pericial técnica independiente»
Asimismo, instan al juzgado a practicar una serie de diligencias, como tomar «declaración como investigados» de los responsables de mantenimiento y seguridad de ADIF y Renfe y de los cargos políticos citados anteriormente, y la «incorporación a las actuaciones del atestado de los Mossos d’Esquadra, del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de las comunicaciones internas, incluida la carta de Semaf».
También piden una «pericial técnica independiente sobre el estado previo del muro/talud y del drenaje, el historial de mantenimiento e inspecciones, la previsibilidad del desprendimiento con un mantenimiento adecuado y la posible vulneración de normas de seguridad (art. 350 CP)», y la «declaración de testigos, personal ferroviario, representantes sindicales y expertos en infraestructuras y seguridad colectiva».
Además de la muerte del maquinista en prácticas, de tan solo 28 años, hubo 37 heridos (5 graves, 6 menos graves, 26 leves) y daños materiales graves.
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