Impacto España Noticias
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha advertido de un presunto «fraude masivo» vinculado al proceso de «regularización» extraordinaria que proyecta el Gobierno en colaboración con Podemos. Según la organización sindical, inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes estarían solicitando sus antecedentes policiales en España con el objetivo de acreditar una residencia continuada que, según sostienen, no se correspondería con la realidad.
Agentes destinados en distintas comisarías han detectado la llegada de ilegales procedentes principalmente de Francia e Italia que acuden a dependencias policiales para tramitar certificados o presentar denuncias por extravío de documentación. La finalidad sería justificar una permanencia mínima de cinco meses en territorio español exigida por la futura «regularización» masiva.
La portavoz de Jupol, Laura García, señala que algunos solicitantes «estuvieron de paso, cometieron delitos y fueron detenidos», abandonando posteriormente el país. Con el anuncio de la «regularización» extraordinaria, añade, habrían regresado para intentar acogerse al procedimiento. El sindicato considera que el diseño normativo previsto podría facilitar la obtención de autorizaciones sin una comprobación exhaustiva de antecedentes penales y policiales.
El borrador del Real Decreto contemplaría que, si transcurrido un mes desde la solicitud del certificado de antecedentes penales en el país de origen no se obtiene respuesta, el interesado pueda presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes. Jupol califica este extremo como un «gravísimo error», al entender que la «regularización» extraordinaria no debería basarse en mecanismos sustitutivos sin verificación oficial.
Asimismo, el sindicato advierte de que la exigencia exclusiva de antecedentes penales —y no policiales— podría dejar fuera detenciones o investigaciones en curso que aún no hayan derivado en sentencia firme. Según la organización, la dilación judicial provoca que determinados hechos no computen como antecedentes penales hasta varios años después, lo que, a su juicio, introduce un factor de riesgo en el proceso de regularización masiva.
En este contexto, Jupol ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la retirada del apartado cuestionado y la incorporación de garantías adicionales. También asociaciones de la Guardia Civil han trasladado preocupaciones similares sobre el impacto del procedimiento en la seguridad.
Fuentes policiales han informado de la detección de páginas web que ofrecerían billetes de transporte con fechas anteriores para acreditar falsamente la permanencia en España. Igualmente, se han identificado denuncias por extravío de pasaportes con fechas retroactivas como vía para generar constancia documental. En una comisaría de Alicante, cuatro ciudadanos argelinos fueron detenidos por presunta falsedad documental tras detectarse irregularidades en certificados aportados, cuya autenticidad fue contrastada con Interpol.
La propia Policía remitió el 10 de febrero un oficio interno alertando del aumento de denuncias por pérdida o sustracción de documentación de extranjeros indocumentados. El documento compara el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2025 con el mismo intervalo de 2026, constatando un incremento aproximado del 60%. Entre las nacionalidades con mayor variación figuran la pakistaní, argelina, marroquí y colombiana.
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