El Gobierno reservará por ley vivienda pública para todas las lesbianas mayores de 55 años

El Principado ha consignado 8,4 millones de euros para la puesta en marcha de las medidas vinculadas a esta ley, una inversión que el Gobierno regional justifica como necesaria para garantizar igualdad efectiva, protección social y acceso a servicios públicos
Politica15 de febrero de 2026 MD
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Mujeres lesbianas

El Gobierno del Principado de Asturias, presidido por el socialista Adrián Barbón, ultima la aprobación de la nueva Ley LGTBIQ+, una norma que incluirá, entre otras medidas, facilitar el acceso a vivienda pública a mujeres lesbianas mayores de 55 años.

 La iniciativa forma parte del paquete de actuaciones contempladas en el texto legislativo y se enmarca en las políticas dirigidas a colectivos considerados en situación de especial vulnerabilidad, según defiende el Ejecutivo autonómico.

8,4 millones para el desarrollo de la norma
El Principado ha consignado 8,4 millones de euros para la puesta en marcha de las medidas vinculadas a esta ley, una inversión que el Gobierno regional justifica como necesaria para garantizar igualdad efectiva, protección social y acceso a servicios públicos.

 Desde el Ejecutivo asturiano sostienen que el objetivo es dar respuesta a realidades como:

La soledad no deseada
Las dificultades de acceso a vivienda en edades avanzadas
Situaciones de discriminación histórica
Críticas a la medida

La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que cuestionan el destino de fondos públicos a políticas que consideran de carácter ideológico y no prioritarias frente a otros problemas como:

La cifra de inmigrantes en España se dispara un 900% en tres décadas: de un millón a más de diez

 El acceso general a la vivienda
Las listas de espera sanitarias
La situación económica de las familias
Estas voces enmarcan la inversión dentro de lo que califican como gasto en políticas vinculadas al denominado «wokismo».

Defensa del Ejecutivo autonómico
Por su parte, el Gobierno asturiano defiende que la ley busca garantizar derechos y corregir desigualdades estructurales, y recuerda que las políticas públicas pueden contemplar medidas específicas para colectivos concretos cuando existen situaciones de vulnerabilidad acreditada.

 La aprobación definitiva de la norma se producirá en las próximas semanas, momento en el que se conocerá el alcance real de todas las medidas incluidas en el texto.

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