Impacto España Noticias
El titular del Juzgado de Instrucción, Juan Carlos Peinado, continúa practicando diligencias en la causa abierta en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con especial atención al papel desempeñado por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
El magistrado investiga si Álvarez pudo exceder las funciones propias de su puesto en la Presidencia del Gobierno al intervenir en cuestiones relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La asesora, que percibe un salario público anual, figura como investigada por un presunto delito de malversación en el marco de estas actuaciones.
Entre las últimas decisiones adoptadas, Peinado ha requerido a la Secretaría General de la Presidencia que remita todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde su cuenta corporativa durante los últimos siete años.
Asimismo, ha solicitado a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, un informe detallado sobre los viajes realizados desde 2018 tanto por Gómez como por Álvarez, con el fin de comprobar si coincidieron en desplazamientos a distintos países. El juzgado ha fijado un plazo de diez días para la entrega de esta información.
A lo largo de la instrucción, diversas compañías han aportado documentación que sitúa a Cristina Álvarez en comunicaciones y reuniones vinculadas al desarrollo del proyecto universitario. Deloitte identificó más de medio centenar de correos en los que la asesora figuraba como destinataria dentro del grupo de comunicación. Por su parte, Indra localizó varias decenas de mensajes actualmente bajo análisis por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La empresa Making Science entregó documentación que acredita la participación de Álvarez en reuniones técnicas con responsables de proyecto, ingenieros e informáticos. En uno de esos encuentros también estuvieron presentes representantes de Deloitte y de la compañía Lefebvre.
En el curso de la investigación también han aparecido referencias a intercambios con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), así como comunicaciones relacionadas con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Asimismo, constan correos relativos a una adenda contractual de KPMG, en los que Cristina Álvarez aparece como interlocutora habitual para cuestiones de gestión.
Un informe de la UCO incorporado a la causa señala que, tras examinar la correspondencia facilitada por la UCM, la asesora habría realizado gestiones que podrían “trascender los cometidos inherentes al puesto que ocupaba”. Los investigadores destacan que el intercambio de correos comenzó meses antes de la formalización definitiva del convenio universitario y que la intervención de Álvarez se mantuvo durante distintas fases del proyecto.
La causa permanece en fase de instrucción. El objetivo del juzgado es esclarecer si los hechos descritos constituyen algún ilícito penal o si se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de funciones administrativas, sin que hasta el momento exista resolución judicial firme y manteniéndose la presunción de inocencia de las personas investigadas.
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