Impacto España NoticiasLa sustitución demográfica avanza en España con cifras que reflejan el profundo cambio poblacional que vive el país en los últimos años. A febrero de 2026, el número de residentes extranjeros procedentes de Marruecos y Colombia ya supera al conjunto de habitantes de comunidades autónomas como Extremadura, Navarra y La Rioja.
Según los últimos datos disponibles, los ciudadanos marroquíes rondan los 1,16 millones y los colombianos superan el millón, mientras que la suma de esas tres regiones españolas apenas rebasa los dos millones de habitantes.
Este crecimiento se ha acelerado en paralelo al aumento de la inmigración y al descenso de la natalidad nacional, lo que está transformando la estructura social y territorial. En muchos municipios y barrios de grandes ciudades, la población extranjera representa ya un porcentaje significativo, un fenómeno que también se extiende a zonas rurales en las que la llegada de trabajadores inmigrantes ha sustituido a la población autóctona.
En este contexto, la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una fuerte controversia política.
Desde la oposición y la mayor parte de la sociedad española se critica que la medida pueda actuar como un efecto llamada y agravar la presión sobre los servicios públicos, el mercado laboral y el acceso a la vivienda. Sus detractores consideran que el Ejecutivo está priorizando una política migratoria que no responde a un consenso amplio ni a un plan de integración a largo plazo.
El Gobierno, por su parte, defiende que la regularización busca sacar de la economía sumergida a miles de trabajadores, mejorar su situación legal y reforzar la recaudación y el sistema de cotizaciones. Además, sostiene que la inmigración es necesaria para sostener el crecimiento económico y el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población española.
El debate se produce en un momento de polarización política creciente en Europa sobre la gestión de la inmigración y la pérdida identidad nacional. Mientras algunos sectores ven en estos cambios una oportunidad para rejuvenecer la economía, otros alertan de las consecuencias sociales, culturales y políticas de un proceso que, a su juicio, está avanzando con rapidez y sin un amplio debate público.
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